El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha condenado al Govern a indemnizar con 22,5 millones a varios propietarios de diversas parcelas situadas en la urbanización Cala Carbó, en Pollença (Mallorca), que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) estaban clasificadas como suelo urbano, pero que pasaron a tener la condición de suelo rústico protegido tras la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes para un Desarrollo Territorial Sostenible.

La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estima así parcialmente los recursos interpuestos por los afectados después de que el Ejecutivo balear desestimase sus reclamaciones de responsabilidad patrimonial, y que fueron formuladas por los daños y perjuicios derivados de la entrada en vigor, en mayo de 2008, de la anterior normativa.