IUC estudia solicitar la disolución del Ayuntamiento de Arona (Tenerife) tras la denuncia de la Fiscalía

Izquierda Unida Canaria (IUC) estudia solicitar al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento de Arona tras la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, una posibilidad que se da cuando concurren circunstancias que comprometen los intereses de los consistorios, según ha explicado el coordinador insular de IUC, José Pérez Ventura.

Izquierda Unida Canaria (IUC) estudia solicitar al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento de Arona tras la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, una posibilidad que se da cuando concurren circunstancias que comprometen los intereses de los consistorios, según ha explicado el coordinador insular de IUC, José Pérez Ventura.

En declaraciones a Europa Press, Pérez Ventura ha precisado que en Arona "echaron un pulso" al Estado de Derecho de una "gravedad tal" que podría justificar ese extremo. "Lo que estamos viendo en todos estos asuntos es un proceso de 'marbellización' de Arona", ha criticado.

El abogado ha explicado que esa decisión saldría de un acuerdo del Consejo de Ministros tras escuchar primero al Senado, por lo que IUC baraja proponerle al grupo parlamentario en el Congreso que se formule una Proposición No de Ley instando al Gobierno a que inicie un expediente y procedimiento que pueda conducir a la disolución del Ayuntamiento.

Esto se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción haya imputado por un delito de prevaricación al anterior alcalde, José Alberto González Reverón; al actual, Francisco Niño; a once concejales de CC, y a dos del CAN-CCN.

En concreto, la imputación responde a que en junio de 2012 el anterior primer edil fue condenado a cuatro años y seis meses de inhabilitación y se mantuvo en el cargo hasta noviembre, lo que motivó una denuncia de Izquierda Unida y del edil de Ciudadanos de Arona, José Antonio González Reverón.

Ahora, la Fiscalía entiende que esos delitos son presuntamente delictivos y ha formulado la denuncia ante el juzgado de instrucción competente.

Por su parte, el abogado Felipe Campos, también vinculado al caso, ha indicado que "prácticamente" la mayoría absoluta del Ayuntamiento de Arona está acusado de una "prevaricación flagrante", y también ha mencionado que dos informes privados para defender el mantenimiento en el cargo de Reverón fueron pagados con un dinero cuya procedencia no consta en el expediente administrativo, lo que podría suponer un delito.

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