La plataforma Jalón Vivo y otros colectivos ecologistas han entregado este miércoles en el Registro de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) alrededor de 500 alegaciones contra el proyecto de construcción del pantano de Mularroya. Los opositores a esta obra pública consideran que es peligrosa porque se levantará sobre una falla, han afirmado.

El presidente de Jalón Vivo, Francisco Bernal, ha recordado que la primera declaración de impacto ambiental fue anulada por la Audiencia Nacional, pese a lo cual en 2009 continuaron las obras, "de una forma, como mínimo, irresponsable".

Bernal ha pronosticado que en Mularroya ocurrirá lo mismo "o quizá peor" que en el embalse de Yesa, donde se ha producido un desplazamiento de tierras en la ladera derecha. El presidente de Jalón Vivo se ha preguntado "a quién se le ocurre pretender poner encima de una falla miles y miles de toneladas de peso".

Asimismo, ha enmarcado este proyecto en "la especulación del agua" y el beneficio que, ha dicho, pueden obtener las grandes constructoras, para después aseverar que "los mismos políticos que han hecho las leyes se burlan de ellas, no las acatan", puesto que en la zona del futuro embalse hay una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y varios Lugares de Interés Comunitario (LIC), "eso sin tener en consideración la zona del Soto del Jalón".

La zona de Mularroya "es de una riqueza medioambiental de primerísimo orden, es una zona protegida por las leyes españolas y las normas europeas", de forma que "ahí no se puede hacer un pantano", ha apuntado.

Supremo desconocimiento

Francisco Bernal ha lamentado el "supremo desconocimiento" del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, respecto de este proyecto, y le ha invitado a conocer la zona. "Lo que han hecho es difícilmente reversible", ha apostillado.

Por otra parte, ha vaticinado que el pantano será una ruina para los pequeños y medianos agricultores, así como el resto de contribuyentes, añadiendo que los profesionales de este sector que deban afrontar parte del pago del pantano se arruinarán, perderán sus derechos de riego y los propietarios de estos serán "las grandes empresas agrícolas".

Bernal teme que las alegaciones no sirvan para frenar el proyecto, pero "por lo menos demostramos que no nos rendimos y que siempre vamos a estar ahí".