El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado este martes la apertura de juicio oral por el denominado 'caso Cooperación' contra el exconseller de Cooperación y Solidaridad Rafael Blasco y otras ocho personas.

La magistrada instructora del 'caso Cooperación', María Pía Calderón, ha dictado la apertura de juicio oral —aunque la fecha se determinará en su momento por diligencia del secretario— en la pieza primera de la investigación sobre el supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat para cooperación internacional.

Esta pieza investiga los presuntos delitos cometidos en la concesión en 2008 de subvenciones por la Generalitat a la fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), por 1,8 millones de euros, y cuenta con nueve procesados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco.

La apertura de juicio oral se acuerda en relación con Blasco y ocho personas más: el empresario, actualmente en prisión, Augusto César Tauroni; el que fuera subsecretario de la Conselleria de Solidaridad, Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera Tomás.

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia solicita 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para Rafael Blasco, por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y como inductor del delito de falsificación documental. Asimismo, le reclama que pague una multa de 43.200 euros.

La causa investiga delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la concesión a Cyes (sin relación con la constructora del mismo nombre) de 1,8 millones de euros para proyectos en Nicaragua, donde solo llegaron 43.000 euros. Según se desprende de la investigación, la entidad acabó comprando pisos en Valencia con el dinero que debía destinarse a los proyectos en el Tercer Mundo.

Blasco, conseller entre 2007 y 2011, abandonó el PP tras su imputación y antes de que se votara su expulsión del grupo popular de Les Corts Valencianes, si bien sigue ocupando un escaño como diputado no adscrito en el Parlamento autonómico.