El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo "tiene la razón y la ley" y ha advertido de que no está dispuesto a "abdicar de los legítimos derechos" de los españoles en la resolución del conflicto generado en las aguas de la Bahía de Algeciras por los bloques de hormigón lanzados por el gobierno gibraltareño.

Aún así, el ministro ha recordado, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, que el Gobierno español está "abierto al diálogo" y cree que "hará falta mucho diálogo" para solventar el conflicto con la colonia.

En cualquier caso, el objetivo del Ejecutivo es lograr que la Comisión Europea haga cumplir el derecho comunitario en Gibraltar, tanto en materia de medio ambiente como de contrabando y de fiscalidad, según ha insistido el ministro, que ha detallado que, en caso de que esto no ocurriera, se interpondría una denuncia contra el Gobierno británico.

En este sentido, ha explicado que existen precedentes de casos en que un Gobierno denuncia a otro por el incumplimiento de una ley y ha indicado que España ha intervenido ya en dos de estos.

'BUNKERING'

Por otra parte, ha explicado que la nueva normativa española que prohíbe la práctica del 'búnkering' en zonas protegidas por la normativa medioambiental permitirá, a partir de ahora, sancionar tanto a quienes ofrezcan el servicio como a quienes se sirvan de él y ha explicado que la anterior ley únicamente posibilitaba la aplicación de sanciones en caso de que se produjeran daños.

Arias Cañete ha asegurado que "es un peligro" que se realice el repostaje en el marco de la bahía de Algeciras y ha señalado que, "si se hiciera en el Atlántico o en el margen de un puerto" el Gobierno español no tendría inconveniente con que se llevase a cabo esta actividad, debido a que, el primero, no es un paraje protegido y el segundo permite controlar un vertido en caso de incidencias.

También ha rechazado las acusaciones de que en la costa española se han arrojado bloques de hormigón parecidos a los que el Gobierno de Gibraltar ha sumergido en las aguas que rodean la colonia inglesa.

Según Arias Cañete, "los arrecifes que se crean en España se hacen con un propósito muy claro, a 15 metros de profundidad, con unas características específicas y habiendo realizado estudios medioambientales para proteger la costa", mientras que los que han creado las autoridades británicas están a 4 metros de profundidad y se ha construido sin ningún tipo de evaluación de impacto medioambiental y con el objetivo de limitar la pesca en la zona.