El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha proporcionado 3.289 consultas o pruebas diagnósticas a inmigrantes en situación administrativa irregular desde el 1 de septiembre de 2012, según indica este sábado el Gobierno asturiano en nota de prensa.

Asimismo, el Ejecutivo del socialista Javier Fernández recuerda que hace un año entró en vigor el Real Decreto Ley por el que Gobierno de Mariano Rajoy "dejó sin derecho a la atención sanitaria a colectivos y grupos de población especialmente vulnerables como el de las personas inmigrantes en situación irregular residentes en España".

"En el caso de Asturias, la atención a estos pacientes se sustenta en las instrucciones dictadas por el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, que fueron publicadas el mismo 1 de septiembre de 2012 en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) para que el Sespa garantizase la asistencia sanitaria a este colectivo", resalta el Gobierno asturiano, destacando "el respaldo y la participación" de diferentes organizaciones sociales y profesionales del sector sanitario.

Al respecto, indica que se ha autorizado la asistencia sanitaria a las personas extranjeras en situación irregular sin recursos mediante su inscripción en el Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (SIPRES), posibilidad de la que "se han beneficiado 696 extranjeros residentes en Asturias".

Y es que la normativa autonómica contempla que "toda persona que resida en Asturias y que lo solicite, sea cual sea su situación administrativa, sea incorporada a la base de datos de población del Servicio de Salud, se le asigna centro de salud y médico de referencia y se le garantice la posibilidad de acceso a la atención dentro de los servicios sanitarios autonómicos".

Por áreas sanitarias

Por áreas sanitarias, el mayor número de consultas se ha registrado en el área sanitaria V, con cabecera en Gijón, con 1.380; seguido del área IV, que se corresponde con la zona de Oviedo, con 934.

En el área III, con cabecera en Avilés, se han atendido 421 consultas mientras que en la comarca de Langreo se han contabilizado 212 y en la cuenca del Caudal ha sido preciso dar servicio a inmigrantes sin recursos en 39 ocasiones.

Asimismo, en el área I, con cabecera en el Hospital de Jarrio, 182 veces, y en el área VI, que se corresponde con el oriente de Asturias, se han dado 109 citas. Finalmente, en el área suroccidental de Asturias, con cabecera en Cangas del Narcea, ha habido 14 consultas.

Prestación farmacéutica

Además, el Sespa y la Cruz Roja han articulado un procedimiento que permite el acceso a la prestación farmacéutica a estos colectivos "en condiciones semejantes" a la población general, con cargo a los programas de inclusión y atención sociosanitaria para los inmigrantes sin recursos que, por tanto, "está sujeta a un circuito de facturación ajeno al Servicio de Salud debido a que la regulación del PP impide que se emitan a estas personas recetas del Sistema Nacional de Salud".

"Los datos sobre los primeros meses de aplicación de la medida ponen de relevancia un consumo muy bajo de medicamentos por la población extranjera sin recursos, lo que confirma que se trata, por lo general, de un colectivo joven y sano, que representa un gasto muy poco significativo", apuntan desde el Gobierno asturiano.

"Hasta junio, el Sistema Nacional de Salud había tramitado 9.888 bajas de asistencia sanitaria para los extranjeros registrados en Asturias como personas sin recursos económicos suficientes y aquellos que no constaban en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de los que se desconoce cuántos han dejado de residir en la comunidad autónoma. Paralelamente, 1.582 personas habían cursado en la misma fecha alta nuevamente al contar con autorización de residencia o estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros (comunitarios) desde antes del decreto", apunta el Ejecutivo autonómico.

Con todo, el Gobierno del Principado considera que "la exclusión de este colectivo de la atención sanitaria pública es una medida absolutamente innecesaria e injusta porque atenta contra la aplicación de los principios de universalidad y equidad del Sistema Nacional de Salud, y carga el peso de los recortes sobre los colectivos y grupos sociales con menor capacidad de respuesta o en riesgo de exclusión".