El Tribunal Supremo archivó el jueves una querella que Manos Limpias interpuso contra el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo por supuesta destrucción de pruebas del 11-M y pidió que se investigue a esta asociación por los delitos de acusación y denuncia falsas.
El llamado sindicato de funcionarios Manos Limpias, que no cuenta con representación en ningún centro de trabajo, tiene como secretario general a Miguel Bernard Remón, ex dirigente del partido de extrema derecha Fuerza Nueva, de quien el tribunal recuerda que viene ejercitando "un importante número de acciones contra personas e instituciones relevantes de la vida pública española"
El juez realizó todas las pruebas que consideró necesarias en los vagones
En un auto notificado hoy, la Sala de lo Penal del Supremo archiva la querella que Bernard presentó contra Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez acusándoles de haber destruido pruebas del 11-M al autorizar el desmantelamiento de los vagones en los que explotaron las bombas y la "inhumación sin previa autopsia" de los terroristas que se suicidaron en Leganés.
El Tribunal Supremo señala que el juez realizó todas las pruebas que consideró necesarias en los vagones, y que sólo después los devolvió a RENFE, que es su legítimo propietario y el único responsable de su conservación y destino.
Sobre la segunda afirmación, el auto dice que es simplemente falsa, ya que "lo cierto es que sí se efectuó la correspondiente diligencia de autopsia".
La querella entraña un manifiesto abuso de derecho y fraude procesal
"No parece, por todo lo expuesto, que pueda apreciarse en ninguna de estas actuaciones sumariales delito alguno, más al contrario evidencia que la querella no solo carece de todo apoyo técnico jurídico, sino que sobrepasa de forma manifiesta los límites del prudente ejercicio de las acciones penales y entraña un manifiesto abuso de derecho y fraude procesal", afirma el Supremo.
Por ello, no sólo archiva la querella, sino que considera que Bernard puede haber incurrido en un delito de acusación y denuncia falsas, castigado con hasta dos años de prisión, y a instancias de la Fiscalía pide que sea investigado por los Juzgados de Madrid.
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