Los representantes de los municipios afectados por la posible explotación de una mina de potasa en El Perdón han exigido a la empresa que promueve el proyecto, Geoalcali, filial de la australiana 'Highfield Resources Limited', que solicite licencia para "todos y cada uno de sus sondeos".

Así lo han acordado los ayuntamientos y concejos afectados por este proyecto en una reunión que mantuvieron este miércoles en Undiano, en la que reclamaron a la empresa "el cumplimiento estricto de la legalidad urbanística que exige la solicitud de licencia municipal para las obras de sondeos y movimientos de tierras que dicha compañía está realizando en nuevo puntos de los pueblos de El Perdón".

En un comunicado, los municipios que se ven afectados por el proyecto han explicado que Geoalcali "tiene concedidos permiso de sondeo en Guendulain, Undiano, Arlegui, Salinas, Subiza, Biurrun y Uterga".

Según han expuesto, "la empresa considera que no tiene que pedir permiso municipal, según la legislación minera", pero, en su opinión, "se olvida de que además existe la legislación urbanística que concede a los ayuntamientos el control de las obras de excavación y sondeos".

Por ello, los ayuntamientos, "haciendo uso de sus competencias urbanísticas", exigirán a Geoalcali que "solicite licencia para todos y cada uno de sus sondeos, tal y como hizo hace unos días el Ayuntamiento de la Cendea de Cizur para los sondeos de Guendulain". Asimismo, exigirán que los sondeos "se ciñan estrictamente a los lugares y parcelas señalados en los permisos de investigación concedidos por la Sección de Minas del Gobierno de Navarra".

Por otro lado, los ayuntamientos y concejos han acordado "revisar la tramitación de los expedientes de los permisos de investigación en la Sierra del Perdón denominados Adiós y Quiñones, en sus respectivos municipios, pues existen dudas razonables de que se haya expuesto a información pública dichos expedientes en todos los ayuntamientos afectados por los mismos, tal y como obliga el artículo 70 del Reglamento General para el régimen de la minería".

"El incumplimiento de esta obligación legal podría dar lugar a la nulidad del expediente y por tanto anular los permisos de investigación concedidos a Geoalcali", han advertido los consistorios.

Critican "la falta de información" del gobierno

En la reunión, los asistentes también mostraron su "extrañeza" por "la falta de información por parte del Gobierno de Navarra a los pueblos afectados en un tema de tanta importancia para el bienestar de sus vecinos, como es la reapertura de las minas en sus territorios", por lo que en los próximos días se dirigirán al Gobierno de Navarra para "recabar información para transmitírsela a los vecinos".

Además, en el encuentro se acordó analizar en cada ayuntamiento y concejo "las repercusiones de este proyecto, vistas las experiencias de las anteriores minas". En este sentido, los representantes de la Cendea de Galar hicieron especial hincapié "en el desastre medioambiental en los que aun se mantienen los vertederos de su Cendea y en la Salinidad del Río Elorz en época de estiaje".

En esta línea, otros pueblos recordaron "las afecciones a las viviendas y terrenos durante la explotación a la anterior mina de potasa, poniendo en común los graves inconvenientes que dicha mina supuso para los pueblos que la sufrieron".

Por todo esto, los consistorios y concejos afectados acordaron "mantener la coordinación y cooperación entre todos los pueblos para hacer frente a este proyecto que nada bueno augura a los pueblos y a sus gentes".

"La promesa de creación de puestos de trabajo, importante en estos momentos, no puede ser a costa de la seguridad, salud y medioambiente de los pueblos de El Perdón. No puede ser a cualquier precio", han sentenciado.