El secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, ha valorado este martes la "total receptividad" demostrada por el Consello Galego da Competencia ante la denuncia de "concertación ilegal" del precio del pollo en toda la gran distribución para venderlo por debajo de los costes de producción.

Es lo que ha explicado a los periodistas tras mantener una reunión con responsables de este departamento y, esgrimiendo un informe con fotografías y tickets de compra, ha subrayado que este extremo es "muy evidente".

Y es que, actualmente, el kilo de pollo en distintas cadenas de supermercados, nacionales e internacionales, ronda los 2,20 euros con diferencias de uno o dos céntimos. Hace apenas cuatro meses, según Roberto García, se vendía unos 20 céntimos más barato, pero con la misma uniformidad de precio.

De este modo, ha ilustrado no sólo esa "concertación ilegal" de precios para utilizar el pollo como "producto reclamo", sino que también ha puesto de relieve que se está "vendiendo a pérdidas". Y es que, como ha detallado, sumados los costes de alimentación, crianza, matadero, transporte e impuestos, un kilo de esta ave ronda los 2,45 euros.

Problemas de seguridad alimentaria

"Es muy difícil de explicar, si funcionara el libre mercado y la competencia, que pueda haber venta a pérdidas en toda la distribución, en las miles de tiendas de toda España, y en todas al mismo precio", ha sostenido, para sentenciar: "si no hay concertación, que venga Dios y lo vea".

"Pedimos que el precio que se paga por los productos agrarios no pueda estar por debajo del precio de producción", ha enfatizado el líder sindical, entre advertencias de que esta práctica obligará al "cierre" de muchas granjas y empresas o a "hacer prácticas que atenten contra la seguridad alimentaria".

34

Millones en pérdidas

Tras remarcar que estas prácticas de "hundir los precios" han provocado en el sector en Galicia pérdidas por encima de los 34 millones de euros, ha recordado que toda una provincia gallega, Ourense, "pivota" en torno a la cooperativa avícola Coren.

A ello ha sumado que Louriña, en Pontevedra, se encuentra en concurso de acreedores, y que otras 50 granjas gallegas "tiene todas sus entregas de pollo sin cobrar", por lo que atraviesan "muchas dificultades".

Planteado esto, Roberto García ha criticado la "ausencia de actuación" por parte de la Xunta, pese a que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que "no iba a permitir que la distribución emplease productos agrarios como productos reclamo".

"Llevamos pidiendo reuniones por escrito (a la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana) desde el mes de abril", ha reprochado, para insistir en que se debe "poner orden en estos procesos de abuso" por parte de las grandes cadenas de supermercados.

"no pedimos sanciones"

En este sentido, ha dejado claro el secretario xeral de UU.AA. que el propósito de su denuncia no es lograr que se impongan "sanciones económicas" a la distribución, sino "romper una situación que puede convertirse en irreversible".

Haciendo hincapié en que su objetivo es impedir que los productos agrarios se paguen por debajo de coste, ha señalado que esta "batalla" será "más difícil" en invierno. Y es que, en los meses estivales, como ha explicado, el aumento de la demanda provoca tradicionalmente una recuperación del precio.

Expediente informativo

Con los datos aportados por los sindicatos del sector agrario, el Consello Galego da Competencia podría, tal y como ha precisado Roberto García, incoar un expediente informativo para "comprobar su veracidad" y, "si ve base de delito, abrir un expediente sancionador".

Dada la "sensibilidad" que mostraron sus responsables con este asunto, el dirigente de Unións Agrarias ha expresado su deseo de que pueda resolverse en Galicia, "sin que el Tribunal de Defensa de la Competencia" estatal reclame el caso. "Sabemos que sería una forma de meter el tema en un cajón y que sea mucho más lento", ha apostillado.

Estatuto de integración

Por otra parte, el líder sindicato agrario ha aprovechado la visita al Consello Galego da Competencia para pedir la "regulación" del estatuto de integración de los granjeros.

Según ha explicado, éstos no venden "directamente", sino que una empresa, la integradora, dispone "los pollos, el pienso y los medicamentos" y la propia conversión. De hecho, ha revelado que los avicultores pueden "incluso quedar a deber" si "se consumió más pienso" del estipulado o si hay una elevada mortalidad a causa, por ejemplo, del calor.

"Queremos romper esa situación medieval en la que el integrador tiene todos los derechos y el granjero no opina", ha abundado, antes de denunciar que los criadores "pagan su seguro de autónomos" cuando son "asalariados encubiertos".