Scotland Yard defiende la legalidad del arresto de la pareja del periodista del 'caso Snowden'

Scotland Yard ha defendido este martes que la aplicación de la ley antiterrorista para detener a la pareja de uno de los periodistas que ha informado sobre los programas de espionaje de Estados Unidos y Reino Unido en base a los datos filtrados por Edward Snowden fue "legalmente y procedimentalmente válida".

David Miranda, pareja del periodista estadounidense Glenn Greenwald que trabaja para el diario británico The Guardian, fue interrogado durante nueve horas el domingo en el aeropuerto londinense de Heathrow antes de ser puesto en libertad sin cargos, lo que ha generado críticas y que se haya pedido explicaciones de por qué se le aplicó la legislación antiterrorista.

El Servicio de la Policía Metropolitana (MPS) ha afirmado en un comunicado que el examen del brasileño de 28 años era "necesario y proporcionado" y que se le ofreció representación legal y fue asistido por un abogado. "El MPS no ha recibido ninguna queja hasta ahora", ha añadido Scotland Yard.

Miranda fue detenido en virtud de la Cláusula 7 de la Ley de Terrorismo de 2000, que permite a la Policía detener e interrogar a personas que viajan por sus puertos y aeropuertos para determinar si están implicadas en la planificación de actos terroristas.

Según el MPS, existen salvaguardias para garantizar que los poderes que confiere la citada cláusula se emplean "de forma adecuada y proporcional".

The Guardian expresó este lunes su malestar por lo ocurrido y aseguró que presionará a las autoridades británicas para que aclaren este hecho. Además, el rotativo ha indicado que el Gobierno amenazó con acciones legales en su contra a menos que destruyera los documentos clasificados que les entregó Snowden, un exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, o los devolviera.

El opositor Partido Laborista también ha instado al Gobierno a explicar cómo se puede justificar el uso de la Cláusula 7 en el caso de Miranda, mientras que grupos de defensa de los Derechos Humanos han acusado a las autoridades de acosar a cualquier persona vinculada a Snowden.

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