El Gobierno recuerda a los funcionarios que incumplirán la ley si se niegan a casar a los homosexuales

Fernandez de la Vega
Fernández de la Vega durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros (Foto: EFE) (EFE)
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La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró hoy que el Ejecutivo cree que la Iglesia debe manifestarse "con absoluta libertad" en "su territorio, que no es el del Gobierno" y afirmó que los funcionarios están obligados a cumplir las leyes, al margen de la objeción de conciencia.
Hizo estas consideraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al referirse a las declaraciones del cardenal colombiano Alfonso López Trujillo publicadas en el diario "Corriere de la Sera", donde afirma que la ley que permitirá el matrimonio homosexual en España supone destruir la familia y pide que se preserve la objeción de conciencia para oponerse a celebrarlos.

La objeción de conciencia no es que los funcionarios del Estado no cumplan las leyes que el Parlamento aprueba en una sociedad democrática

Fernández de la Vega quiso dejar claro que "la objeción de conciencia no es que los funcionarios del Estado no cumplan las leyes que el Parlamento aprueba en una sociedad democrática", ya que, recordó, las leyes obligan con carácter a todo el mundo "pero fundamentalmente a quien tiene ejercicio de función pública".

Insistió además en que la posición del Ejecutivo en relación con la Iglesia católica es "de absoluto respeto": "el Gobierno respeta a la Iglesia y respeta a los ciudadanos con los que tiene compromisos electorales (...), que consisten en ampliar derechos que no interfieren ni perjudican al resto de los ciudadanos".

Las relaciones del Gobierno con la Iglesia

En este contexto aseguró que el Gobierno "no va a confrontar con la Iglesia católica", reiteró su deseo de seguir manteniendo con el nuevo Papa las relaciones "históricas" que ha habido entre la Santa Sede y el Gobierno español y se mostró convencida de que podrán continuar "como hasta ahora, en el ámbito del respeto mutuo y del cumplimiento de los acuerdos que tenemos suscritos con la Santa Sede".

Fernández de la Vega subrayó que el Ejecutivo legisla para los ciudadanos e hizo hincapié en que ninguna de sus decisiones, entre las que se encuentra la ley que abre el matrimonio civil a los homosexuales o la ley del divorcio, "restringe ningún derecho a nadie ni perjudica a ninguna familia".

Con esas leyes, recordó, todos los ciudadanos van a poder constituir su familia "con arreglo al derecho canónico, si quieren, o al derecho civil, si quieren" y "a nadie se le obliga a nada".

Según apuntó, el objetivo del proyecto de ley que ayer se aprobó en el Congreso y que continuará su tramitación en el Senado es ampliar un derecho a personas que no lo tenían para que puedan acceder a una institución en condiciones de igualdad.

"Nos movemos en la absoluta convicción y tranquilidad de cumplir nuestros compromisos con los ciudadanos y de ser sumamente respetuosos con la posición de todo el mundo, incluida la Iglesia católica", concluyó.
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