El Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, ha atendido a un total de 386 personas en la provincia de Jaén durante los seis primeros meses de este año 2013.

En el balance ofrecido por la delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, destaca que algo más del 50 por ciento de las atenciones están "directa o indirectamente relacionados con delitos de violencia de género". "El resto de las tipologías, en una menor medida, están relacionadas con lesiones, robos, injurias y amenazas, entre otras", ha explicado.

Cabe señalar que el SAVA es un servicio público, gratuito y universal que presta una atención integral a las víctimas de delitos o faltas, ofreciéndoles apoyo jurídico, social y psicológico.

En este sentido, Gálvez ha destacado, según un comunicado, que el objetivo fundamental de este recurso es "ofrecer una respuesta especializada a las necesidades específicas de las víctimas en todos los ámbitos mediante una intervención interdisciplinar".

Para ello, el servicio está compuesto por un equipo técnico especializado en este ámbito y configurado por psicólogos, juristas y trabajadores sociales que destacan "por la profesionalidad de un servicio que tiene por razón ofrecer a las víctimas y allegados de cualquier delito o falta, la asistencia necesaria para afrontar la situación de desamparo, miedo, frustración e incluso trastornos graves en la que puedan encontrarse", ha destacado la delegada.

Un servicio consolidado

El SAVA es un recurso puesto en marcha en Andalucía hace 15 años, desde que en 1997 la Junta asumió las competencias en materia de Justicia. Actualmente, hay en funcionamiento nueve oficinas del SAVA que se encuentran integradas en las respectivas sedes judiciales de las capitales judiciales, junto a otra oficina que presta servicio en el Campo de Gibraltar.

Asimismo, el SAVA forma parte de los recursos con los que cuenta la Consejería de Justicia e Interior para atender a las víctimas de la violencia de género, junto a otros servicios como el Punto de Encuentro Familiar, que garantiza el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores y familiares durante los procesos de separación, divorcio u otros asimilables, y el Punto de Coordinación de órdenes de protección para reforzar la seguridad de las víctimas.