El Servicio de Inspección de la Consejería de Salud y Bienestar Social ha realizado en 2012 de media cada día 330 inspecciones en los centros de atención a personas mayores, con discapacidad y con enfermedad mental, así como a los recursos relacionados con infancia y familia y el ámbito de las drogodependencias e inclusión social, con el objetivo fundamental de garantizar la calidad de la asistencia que se ofrece, según ha informado en rueda de prensa la consejera del ramo, María Jesús Montero.

En concreto, durante el ejercicio pasado, se han realizado un total de 76.596 actuaciones inspectoras, de las que 8.104 fueron en Almería, 12.495 en Cádiz, 7.929 en Córdoba, 5.032 en Granada, 3.157 en Huelva, 10.153 en Jaén, 13.463 en Málaga y 16.263 en Sevilla. La labor fue desarrollada por un total de 280 profesionales.

La inmensa mayoría de las inspecciones (74.173) se realizó en domicilios particulares, mientras que 2.423 se desarrollaron en centros de diferentes tipologías. A raíz de las 2.423 inspecciones en todo tipo de centros, sólo se propuso la apertura de 48 expedientes sancionadores, lo que representa el 1,9 por ciento del total. Asimismo, sólo se produjo un cierre como medida cautelar de una residencia en Fuente Vaqueros (Granada), que sigue clausurada.

Por sectores, de las inspecciones realizadas en centros, destacan las relativas a centros de personas mayores (1.173), seguidas de las efectuadas en el sector de la discapacidad (399). Además, se realizaron 133 actuaciones inspectoras en centros para personas con enfermedad mental, otras 133 en el sector de infancia y familias, así como 59 inspecciones en centros donde se prestaban servicios a personas drogodependientes y con algún tipo de adicción. Igualmente, en los servicios sociales comunitarios se llevaron a cabo 350 actuaciones, así como 33 actuaciones inspectoras en centros de atención a la mujer.

En lo que se refiere a centros vinculados a la Ley de la Dependencia, se han realizado 501 actuaciones inspectoras en centros residenciales de mayores y sólo se propuso el inicio de expediente sancionador en el 2,3 por ciento de los casos. Asimismo, de las 166 actuaciones inspectoras realizadas en unidades de estancia diurna de mayores, sólo en el 1,7 por ciento de los casos derivaron en un expediente sancionador. La mayoría de estos expedientes sancionadores se debieron a incumplimientos de las condiciones materiales y de funcionamiento de los centros.

Asimismo, en el ámbito de los centros de mayores, la consejera ha destacado que el 98 por ciento de estos reunía las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Además, el 99 por ciento de los centros ofrecía la alimentación adecuada y adaptada a las necesidades de las personas usuarias. El 93 por ciento tenían implantado correctamente el manual de autoprotección del centro, y el 88 por ciento realizaba periódicamente cursos de formación para su personal.

Los usuarios de centros perciben "un trato digno"

Asimismo, a través de encuestas realizadas a los usuarios de los centros, a través de un total de 2.759 entrevistas, se ha concluido que en un 96,2 por ciento de los casos, las personas mayores dicen estar contentas con el centro en el que residen. Igualmente, el 97 por ciento valora que reciben un trato digno y adecuado por parte del personal del centro, y el 98 por ciento, que la higiene y el aseo personal son adecuados. En los centros de estancia diurna de mayores, los resultados de los mencionados parámetros son similares.

Asimismo, la Inspección de Servicios Sociales de la Consejería de Salud y Bienestar Social ha realizado una encuesta 'on line' a los equipos directivos de los centros residenciales, para la que se remitieron más de 800 cuestionarios a través de correo electrónico. Dicho sondeo arrojó una valoración de 9,19 sobre diez acerca del grado de satisfacción con el trato dispensado por parte del personal que realizaba las inspecciones.

Como elementos a mejorar, la consejera ha citado el impulso a la implantación de sistemas de calidad, así como a la formación de profesionales conforme al modelo de gestión por competencias, y la correcta implantación de los planes de autoprotección en la totalidad de los centros.

Visitas domiciliarias

En cuanto a las visitas domiciliarias para supervisar las prestaciones de la Ley de la Dependencia, se han desarrollado un total de 74.315 actuaciones, de las que 57.071 han sido visitas a personas beneficiarias de Ayudas Económicas para cuidados en el entorno familiar y 17.102 a usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Además, a través de estas inspecciones se ha constatado, en palabras de la consejera, que a diferencia de lo que se ha querido trasladar desde el Gobierno central, las políticas de Dependencia en Andalucía, en general, y en particular en lo que se refiere a la concesión de las Ayudas Económicas por cuidados en el entorno familiar, funcionan correctamente.

Los indicadores obtenidos sobre del servicio de Ayuda a Domicilio ponen de manifiesto que, a raíz de las 17.102 visitas, entre otras variables, que el 85 por ciento de los usuarios considera cubiertas sus necesidades básicas con atención recibida. Además, el 92,5 por ciento recomendaría este servicio a otras personas en la misma situación.

Cuidados en el entorno familiar

Con respecto a los 57.071 controles sobre cuidados en el entorno familiar gracias a prestaciones económicas se constata que se trata de una ayuda que las personas usuarias creen muy útil. El 82 por ciento de estas personas está satisfecha con la atención de la persona cuidadora y el 99,4 por ciento presenta un buen estado general considerando su situación.

En el control de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales mediante la supervisión del cumplimiento de la finalidad para la que fueron concebidas, se consideraron correctos 43.854 de los 47.155 casos analizados.

Decreto para agilizar la autorización de centros y servicios

En la línea de mejora de la calidad de los servicios sociales que se prestan en Andalucía, la Consejería del ramo está trabajando en un nuevo Decreto de Autorización, Acreditación y Registro de Servicios y Centros de Servicios Sociales que busca simplificar y agilizar los procedimientos de autorización de estos Centros y Servicios. Con ello, además, se dará cumplimiento a diversas normas europeas y estatales que orientan en esta dirección.

Así, será un único centro directivo el responsable de la autorización y acreditación de los centros y Servicios, eliminándose varios trámites actuales, como por ejemplo la denominada autorización de instalación, un proceso de autorización para iniciar la construcción de los centros, que luego requiere una nueva autorización de funcionamiento.

De igual manera se pone el acento en la declaración responsable y la comunicación previa como mecanismo habitual para el inicio de la actividad, frente a la necesidad actual de inspección técnica previa obligatoria. Esto supondrá una reducción muy importante de los tiempos de tramitación y de la carga burocrática, por lo que se podrá disponer de mayor tiempo y recursos para la inspección y otros mecanismos que inciden sobre la mejora efectiva de los servicios.

Este nuevo decreto modifica también la tipología de los centros, que se adapta a la nomenclatura normalizada de la Unión Europea, de forma que la información disponible será comparable e intercambiable con los estándares de todos los países de la Unión Europea (UE).

Con ello, lo que se pretende es mejorar la calidad de los servicios tanto de forma general, como en lo que se refiere a la mejora individual de la atención de cada una de las personas que reciben atención en estos centros y servicios.