Asanda sigue viendo insuficientes las multas contra el lanzamiento de la pava en Cazalilla y pide las "máximas"

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) sigue considerando insuficiente la cuantía de 2.001 euros a la que ascienden las multas que impone la Junta de Andalucía a quienes lanzan una pava viva desde lo alto del campanario de la parroquia de Cazalilla (Jaén) al menos una vez al año, por lo que insiste en reclamar a la Administración autonómica que imponga las sanciones "máximas" contempladas para esos supuestos de "maltrato animal", a pesar de que reconoce que en los últimos años no se ha repetido el ritual en las fiestas que dicho municipio celebra en agosto.

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) sigue considerando insuficiente la cuantía de 2.001 euros a la que ascienden las multas que impone la Junta de Andalucía a quienes lanzan una pava viva desde lo alto del campanario de la parroquia de Cazalilla (Jaén) al menos una vez al año, por lo que insiste en reclamar a la Administración autonómica que imponga las sanciones "máximas" contempladas para esos supuestos de "maltrato animal", a pesar de que reconoce que en los últimos años no se ha repetido el ritual en las fiestas que dicho municipio celebra en agosto.

En ese sentido, el vicepresidente de Asanda, Luis Gilpérez, ha cuestionado que las multas puedan constituir el motivo que determina que los vecinos hayan desistido en los últimos años de proceder a lanzar la pava con motivo de las 'fiestas del emigrante' que se celebran a mediados de agosto, en las que la localidad repite algunos de los ritos que, con ocasión de la festividad de san Blas, en febrero, lleva a cabo, ya que los costes son "bajos", teniendo en cuenta además, según ha precisado, que los propios vecinos "realizan una colecta para pagar entre todos las sanciones".

De esta manera, y pese a confirmar que este año los carteles de las fiestas de agosto tampoco anuncian el lanzamiento de la pava, el representante de Asanda ha insistido en reclamar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que imponga las máximas sanciones contra lo que considera un "maltrato animal", y que elevarían el importe de la multa hasta los 30.000 euros.

Según Gilpérez, la Junta se limita en este caso a "hacer lo mínimo y aplicar la ley imponiendo las menores multas posibles", ya que, de lo contrario, "prevaricaría", si bien "no demuestra autoridad suficiente para acabar con una ilegalidad".

Al hilo de ello, se ha quejado de que la Administración autonómica "jamás ha dado respuesta" a las reclamaciones que, con este fin, viene realizando Asanda, cuyo vicepresidente también ha criticado que la Junta se escude en que "no hay reincidencia" en estos casos porque "cada año la multa se le impone a una persona", que es quien arroja la pava, que cada año es distinta, según ha explicado.

Por último, el representante de la organización defensora de los animales también ha rechazado que el Ayuntamiento de la localidad no tenga que ver en la organización y desarrollo de este rito, como defiende el alcalde, Juan Balbín (PSOE), ya que "alguien les tendrá que dar a los vecinos las llaves de la torre desde la que se tira la pava", ha apuntado.

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