Denuncian al consejero de Presidencia por contratar a una empresa de obras y mantenimiento la vigilancia de La Morgal

La Asociación de Vigilantes de la Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha interpuesto ante delegación de Gobierno tres denuncias, una de ellas contra el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, por contratar para la vigilancia del complejo de La Morgal (Llanera) a una empresa que, según consta en el registro mercantil, nada tendría que ver con las labores de vigilancia y seguridad.
Guillermo Martínez, en una rueda de prensa.
Guillermo Martínez, en una rueda de prensa.
ARMANDO ÁLVAREZ
Guillermo Martínez, en una rueda de prensa.

La Asociación de Vigilantes de la Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha interpuesto ante delegación de Gobierno tres denuncias, una de ellas contra el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, por contratar para la vigilancia del complejo de La Morgal (Llanera) a una empresa que, según consta en el registro mercantil, nada tendría que ver con las labores de vigilancia y seguridad.

Avispa ha hecho llegar a los medios las tres denuncias, tras la adjudicación de los servicios de vigilancia de esta área, en el que tienen su sede central Bomberos de Asturias y el servicio de Emergencias 112. Precisamente el gerente de este último, César Álvarez Avello, es otro de los denunciados, junto con José Rodrigo Vega González, jefe del Departamento de Protección Civil Entidad 112 Asturias.

La denuncia señala que "el objeto social de la empresa adjudicataria (CLN Incorpora

Cee sl), no se corresponde, bajo ningún concepto, con las indicadas en el pliego de prescripciones técnicas, siendo las de la empresa adjudicataria las de, y cita textualmente, 'la construcción, edificación y ejecución de toda clase de obras, públicas o privadas, el suministro y venta de materiales, las instalaciones en general y cuantas otras actividades sean auxiliares o complementarias de la industria de la construcción', según consta en el Registro Mercantil de Asturias".

Apuntan además que "los trabajadores asignados al servicio descrito tienen, entre otras, las funciones en cuanto al manejo, tratamiento y visualización de las imágenes captadas por las cámaras del circuito de video vigilancia, algo que la actual Ley de Seguridad Privada y el Reglamento que la desarrolla prohíbe explícitamente". "De la misma manera, proceden a la utilización de medios técnicos y sistemas de vigilancia (central de alarmas) para las que tampoco están autorizados legalmente ni poseen la capacidad formativa adecuada y exigible", añade la denuncia.

En este punto, matiza Avispa que "el ejercicio de las mencionadas funciones corresponde en exclusiva a las empresas y personal de seguridad privada. Por tanto, la utilización de medios técnicos y sistemas de seguridad para desempeñar la labor de vigilancia, tales como cámaras de video vigilancia para la prevención de hechos delictivos, compete únicamente a dicho personal".

Apunta también otras labores realizadas por el personal de dicha empresa, y que estarían exclusivamente reservadas a los vigilantes de seguridad, tales como control de accesos, custodia de vehículos, identificación de personas, rondas de verificación o revisión de bultos, paquetes o maletas.

Avispa pide a Delegación de Gobierno que investigue los hechos, al entender que se está infringiendo la ley que rige las labores de vigilancia y seguridad.

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