El PSOE tiene previsto convocar "a finales de este mes de agosto o principios del próximo mes de septiembre" a los grupos políticos que conforman la oposición parlamentaria para organizar una "gran movilización" contra la reforma de la Administración Local que promueve el Gobierno, así como para recabar apoyos entre esas filas con las que posibilitar que los ayuntamientos presenten ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto de competencias en defensa de la autonomía local, una iniciativa contemplada en la ley del Alto tribunal pero para cuya materialización el PSOE necesita del apoyo de otras fuerzas políticas.

Así lo ha reconocido este martes en una rueda de prensa en Jaén el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE federal, Gaspar Zarrías, que ha explicado que para dar ese paso "novedoso" se necesita reunir el apoyo de "un séptimo de los más de 8.000 ayuntamientos españoles, y que a su vez éstos sumen a un sexto de la población", un segundo requisito que es lo que impide actualmente a los socialistas adoptar esta medida en solitario.

Por ello, Zarrías ha expresado su esperanza en recabar apoyos entre los partidos políticos que han manifestado también su rechazo a una reforma que ha vuelto a calificar de "bodrio difícil de aplicar", y contra la que el PSOE, según ha confirmado, también tiene previsto presentar una enmienda a la totalidad en su tramitación parlamentaria, porque, según ha remachado, el partido que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba va a combatir esa norma "con todos los instrumentos que da la ley" al suponer "un paso atrás que no se puede consentir".

En ese sentido, el responsable de Política Municipal de los socialistas, que ha aclarado que para la organización de la "gran movilización" contra el referido proyecto también tiene previsto convocar a sindicatos y al sector de servicios sociales, ha esgrimido un estudio "riguroso" para concluir que, de aplicarse como se ha aprobado en el Consejo de Ministros, la reforma local impediría que los ayuntamientos pudieran prestar servicios sociales, de los que, según ha añadido, se benefician actualmente "2,5 millones de españoles".

En concreto, ha citado a las "alrededor de 30.000 personas" que viven en las "576 residencias de mayores que dependen de las administraciones locales", o los "más de 650.000 usuarios del servicio de ayuda a domicilio de los ayuntamientos", unas plazas que, con la nueva norma, "se privatizarán o se desmantelarán".

"no supone un ahorro"

La reforma local, según ha añadido Zarrías, "pone en peligro alrededor de 80.000 puestos de trabajo" en el área de servicios sociales en el conjunto de España y, además, "no genera ahorro", sino que lo que provoca es que "se dejarán de invertir 1.800 millones de euros a través del desmantelamiento de los servicios públicos municipales".

De igual modo, el diputado socialista ha aseverado que la norma "no soluciona absolutamente nada, no acaba con duplicidades ni clarifica competencias ni simplifica estructuras administrativas ni resuelve problemas", de forma que "el único objetivo que cumple" es el de "introducir la iniciativa privada en los servicios de los ayuntamientos", de ahí que, en su opinión, los "más damnificados" de la reforma van a ser los ciudadanos, que "van a tener servicios menos eficaces y más caros".

Por ello, Zarrías ha instado al Gobierno a "desmontar" la ley, que ha tildado de "verdadera chapuza", y "volverla a montar", porque además supone un "ataque claro" y una "invasión de libro a las competencias en materia local de las comunidades autónomas" y al Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Reforma de la financiación local

Por otra parte, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE también ha aprovechado la ocasión para exigir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "a la vez" que abra el proceso para reformar el sistema de financiación autonómica ponga en marcha otro debate "en paralelo" a aquel para abordar un nuevo sistema de financiación local que "contemple una nueva vía de financiación" para ese nivel de la Administración que "se sume a la Participación de los Ingresos del Estado (PIE) y a los impuestos propios".

Se trataría, ha añadido, de crear una "tercera pata" de financiación para los ayuntamientos como la que se recoge en Andalucía con la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), es decir, que los consistorios puedan recoger "una parte indeterminada de los ingresos de las autonomías".