Un total de 63 diputados en el Congreso del PSOE y del PSC, de IU-ICV-CHA, de CiU y de ERC han presentado este martes un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley de lenguas que aprobaron las Cortes de Aragón y que denomina al catalán como LAPAO y al aragonés como LAPAPYP.

Consideran que, con la derogación de la anterior normativa, se retrocede en derechos constitucionales y que no se pueden desnaturalizar las lenguas que son objeto de protección por mandato constitucional y estatutario retirando su oficialidad y contradiciendo así los criterios académicos y científicos. Señalan que, si no se reconoce la existencia de una lengua, tampoco se pueden defender los derechos de sus hablantes.

De este modo se cumple el anuncio realizado por estas formaciones el pasado 29 de julio cuando aseguraron que la ley denominada de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, aprobada el pasado mes de mayo por el gobierno PP-PAR, "no es sólo un disparate sino que se ha convertido en el hazmerreír dentro y fuera de la Comunidad" al no llamar por su nombre al aragonés y al catalán, según Chesús Yuste, diputado en el Congreso por La Izquierda Plural.

El recurso que se ha presentado con el apoyo de 63 diputados, 13 más de los 50 que exige la ley para poder acudir al Tribunal Constitucional, está promovido por diputados aragoneses y en su elaboración ha participado un equipo de la Universidad de Zaragoza, formado por profesores de derecho administrativo y constitucional, y presidido por Ángel Garcés.

Según Garcés, el recurso se apoya en textos jurídicos y en la Constitución, que considera que se ha vulnerado, además de en el Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 "que forma parte del bloque de la constitucionalidad" y de textos internacionales de Naciones Unidas, de la Unesco y, sobre todo, del Consejo de Europa.

Asimismo, el texto se basa en que existe una ley de mínimos de 2009 que "dio visibilidad jurídica" a las lenguas que se hablan en Aragón, e hizo la "emersión lingüística", mientras que la actual "hace desconocimiento" oficial de las mismas y las relega al ámbito privado, donde se las conoce de forma "jocosa" como "lapao" y "lapapyp", según el profesor de derecho administrativo en la Universidad de Zaragoza.

A su juicio, el recurso tiene muchas probabilidades de ser admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, aunque probablemente su resolución se demore al menos unos diez años.