Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ha denunciado que la actual secretaria de Estado de Presupuestos y exconselleira de Facenda en el momento de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, Marta Fernández Currás, "mintió cuando en enero de 2010 calificó de auditoría lo que ahora es también para ella un simple informe".

AGE responde así, a través de una nota de prensa, a la contestación de la extitular de Facenda al segundo formulario remitido por la comisión de investigación sobre la fusión de las cajas en el Parlamento.

Alternativa afirma que la Xunta informó públicamente, "por boca de la propia Marta Currás", de que la "auditoría externa de KPMG avalaba la fusión de las cajas". "Auditoría que no era otra cosa que un informe, una 'due diligence", añade. Asimismo, la coalición formada por Esquerda Unida (EU) y Anova destaca que "la propia KPMG así lo ha reconocido".

De igual modo, AGE ha subrayado que Currás "miente ahora cuando hace referencia a unos informes internos de la Xunta sobre el proceso de fusión" ya que, asegura, su presencia física es "inexistente" en la documentación puesta a disposición del Parlamento gallego.

A este respecto, ha interpretado que hay tres posibilidades: que estos informes "no existan", que "pasaran por la trituradora" o que "se oculten" por el Gobierno autonómico.

Ante las palabras de Currás en referencia a la integración de estos informes internos de la Xunta en el informe final de noviembre de 2009, Alternativa Galega de Esquerda ha recordado que "la fusión fue autorizada por acuerdo del Consello de la Xunta el 18 de noviembre de 2010", un año después de la fecha que menciona la exconselleira de Facenda.

"eludir la responsabilidad"

En la misma línea, este grupo parlamentario ha criticado que Currás "elude la responsabilidad de la Xunta en la emisión de preferentes y subordinadas" y censura que "silencie interesadamente que la Xunta tenía las competencias en materia de control e inspección económico-financiera de la cajas".

También resalta AGE las competencias del Gobierno gallego sobre "la vigilancia de la administración e inversión del ahorro privado, de su situación patrimonial y de los instrumentos de financiación tales como preferentes y subordinadas".

AGE ve en la afirmación de Currás de que "las funciones de la Xunta se limitaban al control de acuerdos societarios" una "constatación evidente de que el Gobierno de la Xunta miró para otro lado mientras las cajas perpetraban la estafa de las preferentes y subordinadas".