La videovigilancia llega con un año de retraso al centro

«Las videocámaras deben estar en la calle el primer trimestre de 2006». Ésa era la fecha en la que el proyecto de videovigilancia sería una realidad en el centro histórico de Málaga, según calculó en octubre de 2005 el entonces director de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Rubio. Hizo una salvedad: «Si el procedimiento administrativo sigue su curso normal».

Y no fue así. La multitud de ofertas de empresas (21) que querían instalar los dispositivos de vigilancia y la complejidad técnica del proyecto han demorado el inicio de los trabajos hasta estas alturas de 2007, explica el Ayuntamiento. Aún hoy el Consistorio y la empresa Fichet Sistemas –la elegida por el equipo municipal– no han firmado el contrato.

La resolución de este trámite y la colocación del cableado y las 17 cámaras hará que la instalación no esté completada hasta el mes de marzo, según Fichet Sistemas.

Novedades técnicas

Culpables e inocentes, partidarios del proyecto y detractores tendrán difícil escapar de los ojos de la videovigilancia. Las cámaras podrán girar 400 grados en un segundo. Algunas características del proyecto inicial se han mejorado, como la sensibilidad a la hora de captar las imágenes y el zoom –que ha pasado de 22 a 27 aumentos–. Y todo esto reduciendo un 38% el coste previsto para las arcas públicas: finalmente, la videovigilancia nos costará 266.449 euros en lugar de los 434.638 previstos.

La compañía razona sobre esta rebaja: espera que el proyecto de Málaga –sólo similar al de la plaza Mayor de Madrid– le abra las puertas de nuevos clientes. Se trata de una inversión.

Un mes en el archivo de la Policía

La videovigilancia en el centro histórico ha sido demandada por comerciantes y hosteleros de la zona; y ha cosechado enemigos entre ciertos colectivos vecinales e IU. Éstos temen que se rompa el derecho a la intimidad de los transeúntes y que las cámaras desplacen a los autores de hurtos y robos del centro a los barrios. El Ayuntamiento insiste en que la ley de videovigilancia establece garantías para que no se viole ningún derecho. Por ejemplo, las imágenes se almacenarán únicamente durante un mes y estarán controladas por dos policías nacionales en la comisaría de la Plaza de la Merced. No se captará sonido ni se enfocará el interior de las viviendas (excepto orden judicial). Si alguien grabado quiere acceder a la grabación, podrá hacerlo siempre que la Policía pueda atenderle.