Trabajadores del hospital vigués Povisa han desarrollado este lunes un encierro en el edificio administrativo de la Xunta en la ciudad olívica para pedir al Gobierno gallego que se "implique" en el conflicto sobre el convenio colectivo, si bien han sido desalojados horas después por las fuerzas de seguridad.

Según informa la CIG, los trabajadores comenzaron el encierro a las 11.00 horas y fueron expulsados sobre las 13.30 horas en un "desproporcionado despliegue policial" que incluyó identificaciones.

La plantilla del hospital rechaza la aplicación del convenio provincial del sector tras el fracaso de las negociaciones entre comité de empresa y dirección sobre el convenio propio.

Así, un grupo de trabajadores acudió a la Xunta para solicitar una entrevista con la delegada en Vigo, María José Bravo Bosch, a fin de pedirle "implicación frente a los abusos patronales", teniendo en cuenta que Sergas tiene un concierto con este centro privado. Sin embargo, "al no ver atendidas sus demandas", comenzaron el encierro en el edificio administrativo.

La secretaria de la sección sindical de la CIG en Povisa, María Jesús Neira, lamentó que "es la segunda vez que envían a la Policía" si bien advierte de que esas medidas "no conseguirán amedrentar" a los trabajadores.

También criticó que Bravo Bosch no los atendiese este lunes, lo que consideró "una gran falta de respeto, teniendo en cuenta que Povisa tiene un concierto ligado al Sergas y forma parte de la red sanitaria gallega". Por ello, apuntó que el Gobierno gallego "tendrá que velar por que todo se rija conforme a la ley".

Los trabajadores rechazan la aplicación del convenio provincial del sector de la sanidad privada pues, según denuncian, supondrá descensos salariales y pérdida de otras conquistas del convenio propio. Además, han convocado huelga indefinida a partir del 19 de agosto.

"conflicto" privado

Por su parte la Xunta explica que la orden de desalojo estuvo motivada porque las personas que participaban en la movilización estaban irrumpiendo en el normal funcionamiento de las instalaciones, puesto que se encontraban concentrados en la zona de registro.

Asimismo, fuentes del Gobierno autonómico mantienen que el de Povisa es un "conflicto" privado de carácter laboral entre los trabajadores y la empresa.