CSICA, sindicato del Grupo Liberbank, ha pedido este lunes que se depuren responsabilidades tras la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Cantabria sobre la actuación de Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP y presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, para investigar si cometió delitos de apropiación indebida y falsedad documental al cobrar hasta 7.000 euros mensuales por parte de una filial de la entidad bancaria que negaba que le prestara servicios.

Para CSICA, este caso "demuestra que los tentáculos del poder por vía directa, indirecta o circunstancial, aún anidan dentro de los nuevos bancos creados tras desaparecer las cajas".

Por ello, insiste en "la necesidad de depurar casos como éste y, si así lo determina la justicia, sancionar con contundencia a quienes por acción u omisión se siguen prestando a ello, especialmente cuando desde las altas esferas del poder se quiere regenerar la situación por el bien de la imagen del sector financiero y de la marca España".

CSICA lamenta en un comunicado de prensa la "tremenda politización" que sufrieron las entidades de ahorro, sobre todo, tras la promulgación de la conocida como LORCA, la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, de 1985.

Al respecto, señala que si bien al principio, los "nuevos gestores" procedentes de las esferas de poder de la Administración y de los partidos políticos actuaron con "cautela", "en cuanto se hicieron con el férreo control de las cajas, consiguieron arruinarlas debido a la combinación de sus pésimos conocimientos de gestión, los inmensos flujos de capital destinados de forma irresponsable al sector inmobiliario, los focos de corrupción y pelotazos, y el consentimiento cómplice de las Comunidades Autónomas y del Banco de España que aplicaron la doctrina del dejar hacer".