El Gobierno ha argumentado en su denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente que el lanzamiento de bloques de hormigón por parte de empresas contratadas por el Gobierno de Gibraltar ha afectado a "la totalidad de las modalidades y especies" habituales en la Bahía de Algeciras, un caladero que "ha quedado inutilizado al menos para la pesca con rastro remolcado y muy probablemente para el resto de las artes".

Así consta en la denuncia —a la que ha tenido acceso Europa Press— que ha presentado esta semana el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ante la Fiscalía, a quien insta a investigar la comisión de posibles delitos medioambientales por parte de las autoridades gibraltareñas.

En concreto, se refiere al lanzamiento de "unos setenta bloques de hormigón de un peso aproximado de tres toneladas cada uno" que acometieron varios remolcadores gibraltareños durante los días 24 y 25 de julio.

Estas actividades presuntamente ilegales fueron denunciadas por pescadores españoles, que avisaron a la Guardia Civil el mismo día 24 de que se estaban arrojando al agua bloques de hormigón.

Según se explica en la denuncia, ese mismo día acudió una patrullera de la Guardia Civil, que constató cómo se estaban lanzando los bloques por parte de un barco que se marchó de la zona en cuanto los agentes del Instituto armado se aproximaron y les preguntaron si tenían autorización para realizar esos trabajos.

"momentos de tensión"

Un día después, el jueves 25, se repitió la actividad de los remolcadores gibraltareños. Ese día, además, se vivieron "momentos de tensión" entre los pescadores españoles y una patrullera de la Policía gibraltareña, que obligaron a intervenir a la Guardia Civil para "preservar la integridad física" de los marineros españoles.

Según el informe de la Comandancia de Algeciras, una lancha y una patrullera de la 'Royal Navy' se acercaron a varios pesqueros españoles que estaban faenando hasta entonces sin problemas. Cuando estaban levantando las redes, una patrullera semirrígida gibraltareña trató de "golpear el casco" de uno de los pesqueros "en repetidas ocasiones", lo que obligó a la Guardia Civil a "interponerse".

Esta situación se volvió a repetir con otros pesqueros españoles. En uno de ellos, según consta en el informe, la embarcación de la Guardia Civil se interpuso entre una "patrullera de 25 metros" de la Policía gibraltareña, "librando la colisión por pocos metros".

Según señala el informe, esta situación se produjo más veces, mientras una embarcación gibraltareña navegaba a corta distancia "haciendo olas, buscando desestabilizar al pesquero" español. Mientras tanto, el pesquero español "continuaba faenando, con peligro para la integridad física de sus tripulantes, debido a la cada vez mayor osadía de los patrones de los medios náuticos procedentes del Peñón". Ante esta situación, la Guardia Civil envió otras dos embarcaciones en apoyo.

"gran peligrosidad de sus maniobras"

La tensión se elevó dos horas después, esa misma mañana, cuando volvió a salir de puerto gibraltareño un remolcador cargado de bloques de hormigón. Tres pesqueros españoles se dirigieron hacia su posición para "tratar de interrumpir o entorpecer sus maniobras" y volvieron a sufrir el acoso de patrulleras de la Policía Gibraltareña "tendentes a golpear con sus cascos a los pesqueros", lo que hizo intervenir una vez más a la Guardia Civil para "ponerles a salvo ante la gran peligrosidad de dichas maniobras".

En su denuncia, el Ministerio de Agricultura explica que, según el sector pesquero de la Bahía, "ha quedado afectada la totalidad de las modalidades y especies que eran habituales en la flota, tanto de Algeciras como de La Línea de la Concepción".

"La consecuencia de estas acciones es la imposibilidad de pescar con rastro remolcado, mientras que en el caso del cerco dependerá de la profundidad a la que hayan sido hundidos los bloques que, al parecer, están recubiertos de ganchos que favorecen el enganche de redes", explica el documento.

El Departamento que dirige Arias Cañete considera que estas acciones pueden ser "susceptibles de sanción por infracción" de una serie de normas jurídicas, entre ellas el Código Penal. También considera que pueden haber sido contradichas la ley de protección del medio marino y la ley de costas. Además, podría suponer una falta por no contar con las autorizaciones para realizar este tipo de actividades.