El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el acuerdo marco que pretende complementar la intermediación de los servicios públicos de empleo en el mercado laboral mediante un sistema de colaboración público-privada con las agencias de colaboración. Este acuerdo marco cuenta con el respaldo de 14 comunidades autónomas, todas salvo Cataluña, Andalucía y País Vasco.

Este acuerdo implica el establecimiento de una base homogénea de condiciones técnicas y económicas para la colaboración con las agencias, lo que supone el conjunto de unas reglas básicas comunes que priman la eficencia y eficacia en la inserción laboral, a las que se deben ajustar los contratos que, sobre esta base, realicen los servicios públicos de empleo.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha destacado que este acuerdo es "un elemento fundamental del programa nacional de reformas" y ha reiterado que se aprueba para "mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo" y hacer más "eficiente" la colaboración público-privada.

"Este es un proyecto de colaboración común, un paso fundamental para evitar barreras, que esperamos que se traduzca en una mejor inserción de los trabajadores", ha añadido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Tres son los elementos destacados del diseño del modelo de colaboración público-privada en intermediación laboral. El primero es la eficiencia en la selección de las agencias, dotando de un peso importante (60%) a la oferta de precio que para cada uno de los colectivos identificados proponga la agencia de colocación.

En segundo lugar se primará la eficacia en los servicios prestados con retribuciones basadas en los resultados, medidos en términos de empleo mantenido en el tiempo (mínimo de 6 meses, con incentivos adicionales por duraciones superiores), y en tercer lugar la primacía de la evaluación y el seguimiento para indentificar posibles vías de mejora de los servicios de intermediación.

200

Millones en dos años

Se prevé destinar a la contratación basada en el acuerdo marco un total de 200 millones de euros durante su duración (2 años, prorrogables hasta otros dos) para el conjunto de contratos celebrados por los servicios públicos.

El esquema concreto y las cuantías se determinarán en los contratos específicos, permitiendo así un margen de flexibilidad en atención a las circunstancias especiale de los colectivos, sectores o territorios donde se realicen.