El PRC considera que el texto definitivo de la ley de reforma local no sólo no recoge las indicaciones del Consejo de Estado y las alegaciones de los municipios y otros entes administrativos, sino que es "aún más agresivo" e "inaceptable" que las versiones previas y constituye una norma anticonstitucional, ya que "atenta directamente" contra la autonomía municipal y otros principios básicos consagrados en la Carta Magna.

El portavoz del Grupo parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, ha explicado en un comunicado que, una vez analizado el texto definitivo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, se constata que la norma es, además, "contraria" a la mayoría de las alegaciones presentadas por unanimidad por la Federación de Municipios de Cantabria (FMC).

Por esta razón, considera que el organismo "debería tomar las medidas adecuadas", aunque ha lamentado que "previsiblemente no lo hará, porque está sometido a la mayoría del Partido Popular".

En este sentido, ha lamentado que "esa visión positiva" con la que Gobierno y Federación de Municipos de España (FEMP) acogieron la aprobación de la ley, "bajo el argumento de que se aceptaban las ideas y las propuestas de los municipios", ha resultado "completamente falsa". "No se ha producido ningún cambio sustancial en el texto, el Ministerio de Hacienda ha mantenido sus tesis sin auténticas modificaciones de fondo", ha afirmado al respecto.

Aunque considera que la ejecución práctica de los postulados de la ley "se irá viendo" en el futuro, alerta de que muchos aspectos son "realmente peligrosos" para una prestación "correcta y adecuada de los servicios públicos".

Así, cree que ya pueden destacarse conclusiones como que la sustitución del coste estándar por el efectivo es una "simple labor de maquillaje", ya que no se elimina la posibilidad de intervenir los ayuntamientos en base al coste de los servicios "sin que exista ninguna garantía de que se puedan prestar en mejores condiciones una vez centralizados". Por esta razón, argumenta que "el coste efectivo es igual de indeterminado e injusto que el coste estándar".

Por otra parte, ha lamentado que el Gobierno insiste en "potenciar las diputaciones, un ente desfasado y que es origen, precisamente, de un gasto innecesario y prescindible". De hecho, considera que la reforma "refuerza las diputaciones aún más", ya que sustituyen a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes en la mayoría de sus competencias. "Bajo una supuesta coordinación y racionalización, se produce una efectiva retirada de la mayoría de las competencias a los municipios menores de 20.000 habitantes, es decir, el 97 por ciento de los cántabros", ha explicado.

Con base en esa interpretación, dice, la reforma no sólo establece la posibilidad de que los municipios sean privados de sus competencias mediante la aplicación del criterio de coste efectivo, sino que los menores de 20.000 habitantes pueden ser privados directamente de la gestión de determinados servicios exclusivos, sin necesidad de justificación alguna.

En concreto, señala que los servicios que pasarían a ser prestados por la diputación en régimen de gestión pública o privada son la recogida de basuras, limpieza, abastecimiento de agua potable, el acceso a núcleos de población, pavimentación de las vías, tratamiento de residuos, la recaudación tributaria, contratación y la administración electrónica.

AYUNTAMIENTOS

"El papel del ayuntamiento se ve reducido a uno único aspecto: pagar", ha afirmado De la Sierra, para quien la norma prepara la privatización de esos servicios que, además, deberán seguir pagando los ayuntamientos a su costa. "Los ayuntamientos se quedan sin la gestión de sus competencias y se convierten en gestores de un fondo de financiación de las diputaciones", ha señalado.

En este sentido, considera que la "supuesta clarificación de las competencias" esgrimida como uno de los principios inspiradores del texto se traduce en la "pura y simple eliminación" de los municipios de menos de 20.000 habitantes, en lo que ha calificado de una "agresión sin precedentes y absolutamente injustificada" al municipalismo.

Además, ha destacado que se sigue manteniendo "sin variación" la prohibición de remuneración de los alcaldes de pequeños municipios, cuando su labor de gestión y de dirección es "imprescindible". Y ha explicado que desaparecerán de manera efectiva las juntas vecinales "tal como las conocemos", ya que a partir del desarrollo de la reforma "carecerán de personalidad jurídica y se convierten en un órgano desconcentrado del ayuntamiento", aspecto que ha calificado de "inadmisible".

Paralalemente, ha criticado que la ley "no potencia adecuadamente" la creación de entes supramunicipales, como las comarcas o las mancomunidades, que, defiende, "pueden ser un de gestión eficiente, de ahorro y de prestación de los servicios con garantía.

Así, considera que pese a que la reforma "habla de costes, de ahorro económico, de eficiencia, de reducción de entes" mantiene sin embargo "los entes más desfasados y más ineficientes y menos democráticos, que son las diputaciones, para garantizar una serie de puestos públicos innecesarios".

Entre los aspectos de los que "lamentablemente" no se ocupa la ley ha destacado la "calidad del servicios a los vecinos, las prestaciones necesarias, las facilidades a los habitantes de las zonas rurales" y principios como la "solidaridad y la eficacia". En este sentido, considera que se trata de una "reforma mercantilista, conservadora y alejada de las necesidades reales de los ciudadanos".

Por todo ello, el PRC "está y estará" en contra de esta reforma, desde la "convicción" de que no responde en gran parte a las necesidades de los municipios, al planteamiento de una gestión eficiente de los servicios públicos más cercanos a los ciudadanos ni a la demanda de una mejor distribución de las competencias entre Estado, comunidades y municipios.