El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid dará mañana a conocer el auto de imputación dictado en el caso de graves irregularidades cometidas en 2003 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El esperado auto judicial despejará, a partir de las 13.00 horas, la incógnita de las personas que figuran imputadas ante su supuesta responsabilidad en las referidas alteraciones detectadas en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid y si entre ellas se encuentra el alcalde de la ciudad, el 'popular' Francisco Javier León de la Riva.

Aunque cabría también la posibilidad de que el juez José María Crespo dictara un auto de sobreseimiento provisional o de archivo, tal decisión parece poco probable si se tiene en cuenta que el caso lleva casi cinco años bajo investigación del juzgado del que es titular y por el que ha desfilado más de una veintena de testigos para declarar como imputados.

Uno de ellos, el exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca, en su segunda comparecencia ante el juez instructor, invocó el pasado día 10 de enero nuevamente su inocencia y responsabilizó de lo ocurrido al que fuera arquitecto municipal Carlos Cándido Fraile Casares, fallecido en abril de 2006.

"Según él, como ya dijo en su día, sólo hay un responsable que es lamentablemente la persona que ha fallecido y que fue quien hizo y controló todo, sin que nadie más se percatara de lo ocurrido hasta tiempo después", resumió ese día el abogado de la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Durante los casi cinco años de instrucción, el juez del caso, amén de los testigos interrogados, ha tomado también declaración en calidad de imputados a un total de veinticinco, entre ellos al propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva, así como a antiguos miembros de la corporación (García de Coca, Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos) y a los todavía hoy ediles Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez.

También comparecieron en calidad de imputados los arquitectos Luis Álvarez Aller y Pablo Luis Gigosos, el que fuera jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Valladolid José Luis Barca, ya jubilado, y el todavía letrado municipal Luis Ángel Lavín Deza, además del director general de Vivienda de la Junta, Ángel María Marinero, quien en la época de los hechos era jefe del Servicio de Urbanismo, y el secretario municipal, Valentín Merino, junto con distintos técnicos y empresarios.

En una de las declaraciones que despertó más expectación, la desarrollada el día 12 de julio de 2012, el primer edil vallisoletano, Francisco Javier León de la Riva, mantuvo, en la línea de lo alegado por excompañeros de corporación y otros aún integrantes de su equipo municipal, que cuando emitió su voto afirmativo a la modificación del PGOU u otros trámites previos fue siempre amparado en los informes de los técnicos de Urbanismo, los técnicos jurídicos o, en su caso, los técnicos económicos.

"Ha quedado bastante claro que el alcalde no tiene participación alguna en lo que haya podido pasar", enfatizó hace ahora casi un año el munícipe, quien a este respecto incidió en que su cometido se había limitado simplemente a presidir los plenos, sin participar siquiera en las comisiones informativas de urbanismo y mucho menos nombrar a los técnicos informantes de los distintos temas en la materia.

Pero además, León de la Riva advirtió entonces de que tampoco había recibido en su despacho a empresario alguno que estuviera inmerso en algún concurso para optar a una obra un servicio, norma que, como así precisó, viene cumpliendo escrupulosamente desde hace veinticinco años, para reiterar a continuación que en diecisiete años al frente del Ayuntamiento jamás había firmado una resolución "sin el visto bueno de los técnicos".

En vía judicial desde 2008

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos —el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos— y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.