El Gobierno no procederá a anular el indulto concedido al conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión por un accidente registrado en 2003 en la AP-7, en Polinyà del Xúquer (Valencia), que se saldó con la vida de un joven, ya que acordó esta medida "basándose en la información penitenciaria, personal y familiar del condenado".
Así consta en la contestación parlamentaria a la pregunta formulada por el diputado de IU Gaspar Llamazares sobre la revisión del indulto otorgado por el Gobierno al kamikaze, "con estrechas relaciones familiares con cargos públicos del partido del Gobierno".
La respuesta, firmada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, recuerda asimismo que el indulto "es de naturaleza irrevocable de acuerdo con la legalidad vigente" y que el Ejecutivo tramita "unas 7.000 peticiones de indulto anualmente".
Desconocimiento
También asegura que el Gobierno "desconocía por completo cualquier tipo de relación familiar de las que se mencionan en la pregunta, no constando tales asuntos en un expediente de indulto, que se limita a contener información objetiva sobre la sentencia, hechos e informes relacionados con la propia petición de gracia". Además, en el expediente de indulto "no figura el despacho de abogados que ejerce la defensa del indulto", agrega.
"El Gobierno desconocía, por lo tanto, los hechos a los que se refiere la pregunta y se remite al comunicado público del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha sobre su presunta relación", concluye la respuesta parlamentaria.
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