El ex interventor general de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010 Manuel Gómez Martínez ha asegurado en su declaración como imputado ante la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "los informes de auditoría no le importaban nada", según el acta de su declaración, notificada este viernes a las partes y a la que ha tenido acceso Europa Press.

En su comparecencia, la juez Mercedes Alaya preguntó al imputado sobre "por qué cree que el Gobierno no prestó oídos a su auditoría" sobre las irregularidades detectadas en torno al sistema por el que se concedían las ayudas vinculadas a los ERE y el ex interventor contestó que dicha auditoría fue remitida a tres miembros del Gobierno andaluz y a la dirección de IFA/IDEA, por lo que "se remitieron a estructuras con un staff suficiente de personas para procesar y analizar el informe remitido y para decidir la adopción de las medidas oportunas".

Manuel Gómez explicó que, "andando el tiempo, ha comprendido que la razón no está en la carencia de medios o el desconocimiento", recordando en este sentido que en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre los ERE una parlamentaria preguntó a Griñán por qué no hizo caso a los informes de auditoría, poniéndole el siguiente ejemplo: "si en su coche se enciende una lucecita que le falta líquido de frenos, usted le pone líquido antes de pegarse el tortazo", a lo que el presidente de la Junta contestó que "si al coche de un vecino le falta líquido de frenos, pues será el vecino el que tendrá que solucionar este problema".

Asimismo, el ex interventor fue cuestionado por su abogado por distintas afirmaciones realizadas por el que fuera consejero de Hacienda entre 2004 y 2009 en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz el pasado año, unas contestaciones que a juicio del imputado "ponen de manifiesto una total displicencia, pasividad e incuria".

El letrado enumeró de manera textual hasta once respuestas de Griñán en dicha comisión de investigación, a lo que el imputado contestó siempre con una frase iniciada por "la verdad es...". Así, si Griñán dijo que "toda la ejecución del programa 31.L estuvo sujeta a auditoría", Manuel Gómez contestó que "la verdad es que solo una ínfima parte del programa 31.L estuvo sometida a auditoría o control financiero".

Respecto a la aseveración del presidente de la Junta, expuesta por el abogado del encausado, de que "la Intervención nunca solicitó que se elevara el asunto a la consideración del Consejo de Gobierno", el ex interventor dijo que "la verdad es que no hay ningún supuesto en el ordenamiento jurídico de la Junta que la Intervención eleve ningún informe al Consejo de Gobierno".

"la verdad es..."

Griñán también aseveró en la comisión que "la Intervención pudo plantear cuestiones sobre el pago de las ayudas, habida cuenta de que el pago es un procedimiento", pero el ex interventor dijo que "es una expresión un poco críptica; la verdad es que, con eso, se quiere dar a entender que la Intervención fiscalizaba los pagos, lo que no es cierto".

Ante otras afirmaciones del presidente de la Junta, el imputado respondió, por ejemplo, que "la verdad es que la Intervención advirtió de que la debilidad de los controles a los que estaba sujeto el programa 31.L estaba provocando déficit presupuestarios en cifras muy abultadas y la concesión de subvenciones prescindiendo absolutamente de procedimiento, causas ambas de nulidad de pleno derecho de las operaciones que adolecieran de tales vicios".

De otro lado, la juez le cuestionó si en alguna ocasión despachó con José Antonio Griñán sobre estos asuntos, pero el ex interventor dijo que no y añadió que "en el año 2005, 95 millones de euros fue el déficit ocasionado por Empleo en IFA", lo cual "había ocasionado por sí mismo el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria" de Andalucía. "No me consta que el consejero en sí conociera el detalle del informe adicional, pero es impensable que el consejero de Hacienda no conociera que se había generado un déficit de 93 millones y posteriormente de 95, provocado por uno solo, el director general de Trabajo".

"DISCREPANCIA"

Respecto a la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, el imputado dijo que "consiguió transmitirle preocupación" en el marco de seis conversaciones mantenidas en 2005, cuando la aludida era viceconsejera de Hacienda, pero después de ese año no siguieron hablando del tema porque un año antes "se produce un cambio de gobierno y esta preocupación inicial se debe al impulso del nuevo gobierno, que incluso hizo que uno de los agujeros —presupuestarios— se arreglara".

Durante su declaración, el imputado señaló también que "siempre ha habido una notoria discrepancia de criterios entre los órganos de presupuestación de la Junta y la Intervención General", discrepancias "que se han reproducido" en varias reuniones mantenidas en 2012 con Aguayo, pues desde la Junta "insistían que habían estado presupuestando correctamente y no compartían los criterios de la Intervención".

Hay que destacar que, en la declaración, la magistrada le preguntó si el exconsejero de Presidencia y diputado del PSOE por Jaén en el Congreso Gaspar Zarrías tuvo "alguna" participación en relación al sistema de transferencias de financiación, pero Manuel Gómez contestó que "no lo sabe".