La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado que más de 2,5 millones de beneficiarios dejarán de recibir servicios sociales de los ayuntamientos con la reforma local, que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros.

Además, según ha señalado esta organización en un comunicado, el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local puede suponer un recorte de 1.800 millones de euros anuales en servicios sociales de las entidades locales, que pueden poner en riesgo unos 70.000 empleos en el plazo de un año.

Servicios de apoyo a la familia, de prevención e inserción social, viviendas tuteladas, centros de día, infantiles y de atención a personas con discapacidad, comedores de personas mayores o servicios de promoción de la mujer y de atención y acogida a inmigrantes "se considerarán impropios y se verán en riesgo de desaparición o privatización con la reforma".

La asociación asegura que con el nuevo nivel competencial que establece el proyecto de ley para las entidades locales en materia de servicios sociales, el apoyo a la familia (519.046 beneficiarios), la ayuda a domicilio (648.738) y las actividades de prevención e inserción (1.473.295) dejarían de ser propios de ayuntamientos, comarcas y diputaciones.

A ellos hay que añadir, según los gerentes, otros servicios, especialmente los residenciales. En España existen 567 residencias de personas mayores de titularidad local, con un total de 30.117 plazas, más otras 2.718 en viviendas tuteladas.

La organización asegura que la principal amenaza de pérdida de puestos de trabajo se cierne sobre los auxiliares de hogar del servicio de ayuda a domicilio que, junto con los servicios de apoyo a la familia que financia el Plan Concertado, ascienden a 32.240 trabajadores.

A ellos hay que añadir casi 15.000 más en servicios de promoción e inserción social (10.732), fomento de la cooperación (3.436) o coordinación del voluntariado (482).

Esto supone que 70.000 puestos de trabajo "pueden verse afectados en el plazo de un año, que es el que el proyecto de reforma establece para que las entidades locales dejen de prestar estos servicios que considera 'impropios' de su gestión".

Muchos de ellos, según los directores, "pueden perderse, por el cierre de los correspondientes servicios, mientras que otros pasarían a convertirse en empleo en el ámbito de empresas privadas que puedan asumir estos servicios, ahora de carácter público". La asociación precisa que los datos no incluyen comunidades como el País Vasco y Navarra.

La reforma "dibuja un panorama absolutamente demoledor para los servicios sociales de ámbito local, especialmente grave en las actuales circunstancias, ya que constituyen el último recurso para un número cada vez mayor de personas y familias especialmente afectadas por la crisis, además del más que negativo efecto sobre el empleo y en el conjunto de la economía", denuncian.

Por ello, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales va a trasladar a los partidos políticos una serie de enmiendas para que puedan presentarlas al proyecto de reforma local durante su tramitación parlamentaria.