Aprobadas las normas y los precios para que los excluidos del sistema sanitario paguen

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria para las personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud y que les dará acceso a las prestaciones de la cartera básica de servicios pagando una cuota mensual.

Se completa así el paquete normativo iniciado en agosto de 2012 con la aprobación del Real Decreto que regula la condición de asegurado.

Estos convenios especiales, que podrán ser suscritos por españoles o extranjeros que no reúnan la condición de asegurado ni beneficiario, están dirigidos a los parados sin el subsidio de desempleo que dispongan de rentas o recursos anuales por encima del salario mínimo interprofesional y personas que no han trabajado nunca o de manera esporádica y también con ingresos por encima del salario mínimo, junto a aquellos que ejercen profesiones liberales incluidas en colegios profesionales, como muchos abogados o arquitectos, que no están integrados en el régimen de trabajadores autónomos en la Seguridad Social.

También van dirigidos a los españoles que no trabajen pero que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año (los denominados rentistas); los europeos que voluntariamente quieran suscribir estos convenios para ser atendidos por el sistema sanitario público español y los nacionales de terceros países que durante su estancia en España quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público.

Este convenio especial dará acceso a las prestaciones de la cartera básica de servicios por el período de tiempo determinado en el mismo. La contraprestación económica a abonar será de 60 euros mensuales hasta los 65 años y de 157 euros mensuales para los mayores de esa edad.

El Real Decreto, además, establece el sistema de identificación clínica de los casos especiales, con garantía de asistencia sanitaria pública en el Sistema Nacional de Salud, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.