El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes, en el pleno ordinario de julio, la Ordenanza sobre el ejercicio de la prostitución en la vía pública, un texto que prevé multar hasta con 2.000 euros a los clientes que soliciten servicios sexuales en la calle mientras que no contempla la aplicación de sanciones a las personas que ejerzan la prostitución en ese ámbito.

La nueva norma ha salido adelante con el voto a favor del PP, al frente del gobierno local, y del PSPV, principal partido de la oposición, mientras que ha contado con el rechazo de Compromís y Esquerra Unida (EU).

Estos otros dos grupos de la oposición han rechazado la ordenanza por considerar que requiere mayor consenso, de vecinos y colectivos que trabajan para atender a las prostitutas, que "sólo habla de seguridad" y que no solucionará el problema de la prostitución en la ciudad y, es especial, en barrios como el de Velluters.

Este documento se aprobó de manera inicial, también con los votos a favor de PP y PSPV, en el pleno ordinario del pasado mes de abril después de que se le diera el visto bueno, con el mismo respaldo, en la Comisión de Progreso Humano del Ayuntamiento y de haber sido ratificada por la Junta de Gobierno Local en marzo.

La ordenanza ha llegado este viernes al pleno de julio para su aprobación definitiva tras permanecer durante expuesta al público con el fin de recibir alegaciones.

Tanto el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, en representación de gobierno local, como la concejala socialista Anaïs Menguzzato, en representación del PSPV, han valorado el documento aprobado y su contenido porque además de permitir actuar a la Policía Local contra la prostitución callejera, permite sentar las bases para seguir actuando en la erradicación de este "problema".

En este sentido, Domínguez, que ha agradecido la labor de todos los que han trabajado en la elaboración de esta nueva norma, ha señalado que "sobre la marcha" se podrá "ir avanzando" en su aplicación y desarrollo, por lo que ha pedido "el voto de confianza" para aprobar el texto.

Asimismo, ha apuntado que se trata de "una herramienta para que la Policía Local pueda actuar en la calle", a la vez que ha destacado "la obligación" de los responsables municipales de "dar soluciones a los vecinos" y de "mojarse para resolver problemas".

"el camino"

Por su lado, Menguzzato ha mostrado la satisfacción del PSPV por "el trabajo realizado" para sacar adelante esta normativa municipal y su disposición de trabajar para "solucionar un problema".

A este respecto, ha agregado que aunque con una ordenanza como ésta o un plan de acción social para atender a quienes ejercen la actividad "no se resuelve la trata de mujeres y la explotación sexual", si que se plasma "la actuación municipal" en esta línea y se "marca la dirección en la que trabajar".

La edil socialista, que ha recordado que el objetivo del PSPV es lograr la "abolición" de la prostitución, ha resaltado que la nueva norma pone "el camino" hacia "la solución", además de subrayar que la de Valencia es "una de las ordenanzas más avanzadas" de España porque "no sanciona a las mujeres".

Antes de iniciarse el debate de este documento, ha intervenido en el pleno Matilde Ramos, en representación de las asociaciones de vecinos, y ha criticado que este texto sale adelante "sin el consenso de todos los actores" que trabajan para atender a los colectivos afectados.

Ha considerado que se trata de "una ordenanza sólo sancionadora y punitiva" y únicamente "enfocada a través de la seguridad" sin incluir los aspectos sociales, sanitarios y de prevención y ha reclamado "medidas integrales" y una "reflexión" al respecto.

Por su parte, la concejala de EU Rosa Albert ha justificado el rechazo de su grupo a la ordenanza por "la falta de participación de profesionales" que trabajan en el ámbito de la atención a la prostitución y por la necesidad de contar también con la "participación transversal de otras delegaciones" municipales como la de Bienestar Social además de la de seguridad.

Ha estimado que la participación es "esencial" en una norma que "afecta a personas en situación de exclusión social" y que necesita "soluciones sobre su bienestar"y "un plan integral".

Asimismo, Albert ha reclamado atención para los vecinos de las zonas donde se da esta actividad y ha censurado que se hayan rechazado la mayoría de alegaciones "porque no obedecen al fin de la ordenanza", además de advertir de que el texto "sigue manteniendo la posibilidad de sancionar a las prostitutas" y de que "empeora la situación actual".

"INNECESARIA"

La edil de Compromís Consol Castillo ha reclamado también "respuesta" para los vecinos afectados, sobre todo en Velluters, y ha estimado "innecesaria e inútil" la nueva norma porque es "un brindis al sol" que "no resolverá el problema de fondo" y "hará más difícil la vida de las personas que ejercen la prostitución" ya que "sólo habla de seguridad y de sancionar, sin concretar la reinserción de las prostitutas, hablar de sanidad, de limpieza, de regeneración".

Ha acusado a PP y PSPV de haber "dejado pasar una gran oportunidad para consensuar una buena ordenanza".

En respuesta, Domínguez ha asegurado que "se ha escuchado a todo el mundo" y "que no hay más sordo que el que no quiere escuchar", tras lo que ha dicho que "había grupos con planteamientos inamovibles" y con idea de "crear malestar, polémica y no resolver la problemática de los vecinos".