El conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, y el conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, han firmado este viernes —junto a 21 entidades financieras— el aval de 200 millones para la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) que garantiza la continuidad de la entidad con un "futuro saneado".

Tras "muchas vicisitudes" se ha podido por fin materializar la firma de este acuerdo que "salva" una situación que podría haber generado muchos problemas a los más de 8.000 empresarios que tienen participación en la SGR, ha advertido Buch, en declaraciones a los medios momentos antes de suscribir el documento.

A partir de ahora, la SGR se enfrenta a dos grandes retos. Por una parte, reanudar su actividad normal "poquito a poco" y "con extremada prudencia" para seguir financiando y avalando a las pymes valencianas que así lo necesiten. Y a su vez, solventar los "problemas históricos" que se había acumulado por las pérdidas, derivadas de su gestión anterior e ir generando ingresos. "No va a ser fácil", ha admitido el conseller.

En la misma línea, Moragues ha celebrado que con el aval de 200 millones, la SGR — que en su momento había solicitado entrar en concurso de acreedores— "sobrevive" y tiene por delante tiene un futuro saneado". De no haberse alcanzado este acuerdo, se habría procedido a su disolución judicial y hubiera provocado "muchas pérdidas" a los más de 8.000 empresarios que la participan, además de "pérdidas para la Generalitat a corto, medio y largo plazo por cantidades considerables", ha advertido.

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La espera de la aprobación de la unión europea

El aval de la Generalitat a la SGR, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), está a la espera todavía de que la Comisión Europea dictamine que esta ayuda por parte de la administración no distorsiona la competencia.

El conseller de Hacienda ha asegurado desconocer el plazo en que puede producirse este pronunciamiento que confía que establezca que se trata de "ayuda de Estado compatible" o bien que "no es ayuda de Estado".

Para "convencer" a Bruselas de que emita un dictamen favorable, ha explicado Moragues, se ha trazado un plan de reestructuración de la SGR a cinco años que considera "adecuado" para esta entidad financiera y "ha habido apoyo por parte de otros estados e instituciones a otras entidades financieras", ha apuntado.

También se ha establecido un "doble control": un control interno permanente desde el IVF, que vigilará la evolución del plan de saneamiento, y otro de control externo por parte de una autoridad externa.

Del mismo modo, se establecen límites de actividad "prudente y cauta" y de riesgo. El plan parte de un riesgo de 1.000 millones de euros de riesgo vivo y lo que se pretende es reducirlo a lo largo de los años. En cualquier caso, entre los condicionantes, se delimita que el riesgo de la Generalitat en ningún caso puede exceder el 50% del riesgo total avalado por la SGR.

Responsabilidades de la gestión anterior

Finalmente, preguntados por la posibilidad de abrir una investigación sobre las responsabilidades de la gestión anterior en la situación de la SGR, Máximo Buch ha recordado que ya hace casi un año se produjo la sustitución del director general por el consejero delegado, con lo que, a su entender, "las responsabilidades de la fase anterior con la sustitución del director general han quedado cerradas".

"Por tanto, en el quipo gestor que hay actualmente en la SGR confiamos y pensamos que es un equipo que puede sacar adelante porque confiamos en su capacidad de gestión", ha concluido.