La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha valorado positivamente los programas regionales que, como el puesto en marcha por la Junta de Andalucía, pretenden paliar los efectos de la crisis sobre la nutrición infantil, y las medidas específicas para el verano.

La Oficina del Defensor del Pueblo ha recogido que el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria andaluz para el año 2013 prevé un refuerzo de la alimentación infantil en centros de educación infantil y primaria que garantiza tres comidas al día, con un presupuesto de dos millones euros. El plan se aplica desde junio de 2013 y beneficia a 8.179 alumnos.

En un informe, recuerda que el programa andaluz tendrá continuidad en septiembre y, previsiblemente atenderá a 54.463 alumnos, con un coste de 11.148.576 euros.

La Defensora del Pueblo ha recibido respuestas de las comunidades y ciudades autónomas a las que solicitó información el pasado 19 de junio sobre cómo afecta la crisis a la calidad de la alimentación de los menores, ante la proximidad del periodo de vacaciones escolares y tras conocer informes que alertaban de situaciones de alimentación inadecuada de los menores.

Tras analizar las respuestas recibidas, la institución constata que en todas las comunidades existen instrumentos de carácter general para paliar situaciones de pobreza y exclusión social (rentas mínimas, ayudas de emergencia, becas de comedor y ayudas para vivienda, entre otros). Los informes recibidos de las comunidades autónomas se pondrán en conocimiento de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

Medidas rápidas

A la vista de esas respuestas, ha valorado de forma positiva los programas de las comunidades autónomas para luchar contra la exclusión social, ha animado a las regiones a seguir trabajando en esta dirección y ha recalcado que la nutrición infantil debe atenderse a través de programas específicos porque los menores con problemas de nutrición precisan medidas rápidas "para que esa situación no sea lesiva en su desarrollo físico e intelectual, lo cual es a veces incompatible con las demoras para la concesión de una renta mínima, en algunos casos hasta 18 meses)".

Además, argumenta que las rentas de inserción no llegan a todos los que las necesitan en todas las comunidades autónomas; y que la renta de inserción y otras ayudas generalistas están concebidas como prestaciones genéricas de garantía para el conjunto de una unidad familiar y no aseguran que la alimentación de los menores constituya una prioridad.

Becerril anima a mejorar la colaboración entre centros educativos, centros de salud y servicios sociales para atender la insuficiencia alimentaria que pueda afectar a menores.