La jueza que investiga los ERE falsos, Mercdes Alaya, ha dado por sentado este jueves que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, conocía los informes en los que le advertían de irregularidades en el proceso de las ayudas cuando era consejero de Hacienda.

Así lo ha dicho la magistrada en la introducción de una de las preguntas que ha planteado al exinterventor general del Gobierno andaluz Manuel Gómez Martínez, que ha declarado como imputado por el 'caso de los ERE'.

Abogados personados en la causa han informado en un receso de la declaración de que Gómez Martínez ha manifestado que no recibió presiones políticas para no alertar sobre las irregularidades en el proceso de las ayudas. Ha explicado que no emitió el preceptivo informe de actuación, que hubiera paralizado el procedimiento utilizado por la Junta para las ayudas, porque "habría quedado en un cajón" igual que los anteriores, han añadido los citados abogados.

El ex interventor general de la Junta ha ratificado la carta remitida en noviembre de 2012 al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, a la que tituló 'Divinas palabras', en la que señalaba que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "cebó sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE"; y que "era impensable" que el entonces consejero de Hacienda "no tuviera conocimiento" de las conclusiones plasmadas en los distintos informes de la Intervención General.

En este sentido, el imputado ha hecho mención a varios aspectos significativos que le llevan a afirmar todo lo anterior, como son, en primer lugar, que, en abril de 2003, el Consejo de Gobierno andaluz acordó "que se analizaran los expedientes de las transferencias de financiación", mientras que, en segundo lugar, ha mencionado que la Intervención alertó en 2005 de que "existía un desfase presupuestario de 93 millones" que "trastocaba al presupuesto general" de la Junta.

Por todo ello, ha afirmado que "se puede presumir" que dicho Consejo de Gobierno "aprobó el sistema de junio de 2001", en relación al sistema de transferencias de financiación para pagar las ayudas sociolaborales.

Gómez ha dicho que "todas las irregularidades" de las que alertó la Intervención en relación al sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales "eran de notorio conocimiento" del Consejo de Gobierno andaluz. También afirmó en dicho escrito que los funcionarios públicos habían sido agredidos por "una caterva de políticos cobardes y sin honor".

De igual modo, ha revelado que durante el año 2012 se reunió con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, "para mostrarle su descontento y su protesta más enérgica a las imputaciones políticas que le estaba haciendo el Gobierno andaluz", pero Aaguayo le dijo que el aludido sistema de transferencias de financiación era correcto.

De este modo, el ex interventor de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, ha ratificado ante la jueza Mercedes Alaya tanto la carta que remitió al Parlamento como lo dicho el pasado verano en la comisión de investigación constituida en la Cámara andaluza sobre las irregularidades detectadas en los ERE.

Hay que recordar que, en dicha carta, Manuel Gómez recordó que la Intervención "advirtió hasta 15 veces de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del programa 31.L", más conocido como 'fondo de reptiles', "y ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi diez años para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo".

Antes de comenzar su declaración, la juez le ha leído brevemente los hechos que le atribuye, imputándole sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y achacándole que ya antes del año 2001 autorizó hasta seis modificaciones presupuestarias.

La declaración ha comenzado a las 12.10 horas de este jueves, con casi dos horas de retraso, ya que estaba prevista para las 10.30 horas.

Un cententar de manifestantes han recibido este jueves al grito de "valiente" y de "cuéntalo todo" a Manuel Gómez Martínez a su llegada a los juzgados. Estos manifestantes han sido convocados a través de las redes sociales para mostrar su apoyo y "aplaudir y vitorear" a la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que ha entrado en los juzgados por la puerta de atrás para evitar el encuentro con este grupo.

Las personas concentradas frente a los juzgados, donde han llegado sobre las 9.00 horas, portan pancartas en las que se pueden leer frases como 'Fuerza y honor, juez Alaya'; 'Todos con Alaya, Mercedes de Andalucía', o 'Los héroes existen'.

A su llegada a los juzgados sobre las 10.15 horas, acompañado por su abogado y presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Rebollo, el ex interventor ha dicho estar "tranquilo", aunque no ha querido hacer declaraciones a los periodistas hasta que finalice la comparecencia.

En su comparecencia, el ex interventor ha estado asistido por el actual presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Rebollo. Hay que recordar que Manuel Gómez ha solicitado a la Junta que le pague el abogado, una solicitud sobre la que la Administración aún no se ha pronunciado en espera de que la Audiencia resuelva su recurso.

Gómez ya declaró en su día que la Administración, por "sentido común", debió "tomar medidas" al respecto porque, según ejemplificó de una forma muy gráfica, "sería como si el vecino te avisa de que al extractor de tu cocina le salen llamas" y, en lugar de llamar a los bomberos, "esperas a que el vecino te lo confirme por correo electrónico".