La investigación que lleva a cabo la Justicia uruguaya en torno al extesorero del Partido Popular español Luis Bárcenas comenzó en marzo pasado a raíz de una denuncia del Banco Central del Uruguay (BCU) que halló indicios de lavado de dinero, informó este miércoles a Efe una fuente judicial. Según la misma, "existe una investigación conexa con el caso Bárcenas, a cargo del Juez Letrado en lo Penal de Primer Turno Especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, iniciada en marzo de 2013 por una denuncia de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)" del BCU.

La principal competencia de la UIAF es "recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, la información referida a transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de impedir el delito de blanqueo de activos", según reza la circular oficial difundida cuando fue creada en 2000. La fuente detalló que "la naturaleza de las investigaciones es reservada" pero confirmó que se iniciaron "por haberse advertido la existencia de operaciones sospechosas de configurar lavado de activos".

La labor del juez Valetti -agregó- cuenta con el apoyo de "un equipo multidisciplinario constituido por la Secretaría Antilavado, el Banco Central, el Instituto Técnico Forense del Poder Judicial y el Departamento de Delitos Financieros de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol" del Ministerio del Interior. Además, la fuente explicó que la denuncia "surgió porque el Banco Central, que como policía financiera hace un control continúo del sistema, detectó algo irregular", aunque reconoció que entonces "el caso Bárcenas ya había saltado a la luz pública".

"No está vinculado con que hubiera venido alguien de España o hubiese un pedido de España", pero los denunciantes estaban "en conocimiento de lo que estaba pasando allí", puntualizó. La fuente también explicó que la Justicia uruguaya todavía no ha recibido el exhorto anunciado esta semana por el juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz para que bloquee las cuentas de Bárcenas en ese país y para que confirme que existe esa investigación. "No hemos recibido ninguna notificación desde España", manifestó.

Ruz, que lleva el caso Gürtel, pidió el bloqueo de las cuentas tanto a nombre del extesorero del PP como de Tesedul, la sociedad anónima que supuestamente utilizó para transferir en 2009 al menos 800.000 euros desde el banco suizo Lombard Odier. Con Uruguay ya son veintiuno los países a los que Ruz ha pedido ayuda judicial, en especial a Suiza, donde el extesorero del PP llegó a acumular 48 millones de euros y cuyas autoridades han cumplimentado ya 35 comisiones rogatorias por este caso.

El fundador de Tedesul dijo el miércoles a Efe que creó esa sociedad anónima porque es su trabajo, que con él la entidad no tuvo ninguna actividad y que no conoce al extesorero del PP. "Si bien mis nombres aparecen en el estatuto social, porque soy fundador de la sociedad, es porque mi estudio se dedica a tramitar la constitución de sociedades", indicó Daniel Angel Pérez Blanco, que dijo no recordar si fue una persona, una empresa o un estudio jurídico quién le compró Tedesul. "No abrí cuenta bancaria en ningún lado, ni hice ningún giro, ni representé a nadie en un banco", añadió.

Pérez Blanco se desvinculó de todo el proceso y lamentó que su nombre haya aparecido vinculado al caso, aunque admitió que ese es el riesgo de su oficio. Aclaró que no fue "ni testaferro" de nadie "ni dueño" de la compañía, que la sociedad "estaba prefabricada" en Uruguay y que en ese tiempo "tuvo cero actividad".