El gerente del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) de la Diputación de Sevilla, Juan Francisco González Alfonso, ha anunciado que los servicios jurídicos de la institución provincial están estudiando acciones legales ante las "graves" acusaciones realizadas por el PP y que niega de forma tajante, defendiendo la gestión "eficiente de un organismo valorado muy positivamente" por los municipios.

González Alfonso ha indicado a Europa Press que el PP se limita a "mezclar todos los asuntos", como planes de pensiones, políticas de contratación y procesos judiciales, que "no tienen nada que ver para generar confusión acerca de un organismo eficiente y cuya gestión es muy valorada por los ayuntamientos". "Parece que al PP le molesta que un organismo público de la Diputación haga un papel fundamental de aliado económico de los ayuntamientos sin excepción, incluidos los del PP y, si tan mal está el organismo, habría que preguntarse porque todos los municipios del PP tienen suscritos acuerdos", sentencia.

Respecto al plan de pensiones, lamenta las afirmaciones "muy graves que no obedecen a la realidad de lo ocurrido y que realiza el PP", como aportaciones a exdirigentes socialistas, personas no empleadas del Opaef desde 2003 que estaban cobrando o "distracción de grandes cantidades" de dinero. Así, niega estas acusaciones, advirtiendo que la sustracción de dinero público es un delito.

"Se acusa a un organismo a todos sus dirigentes de comisiones de delitos. Son afirmaciones muy graves y tomamos nota para pasarlos a los servicios jurídicos y emprender acciones legales contra quienes corresponda, ya que se pone en duda el buen hacer de un organismo público que presta servicios a los ayuntamientos", sentencia.

Además, advierte de que todos los informes de la entidad financiera que gestiona las pensiones y que están en manos de la Policía asegura que fueron tramitadas de forma "correcta". "Las personas del PSOE que nombra que fueron trabajadores del organismo se adhirieron al plan de pensiones y cuando se produjo muerte o incapacidad permanente percibieron sus cantidades y, le guste o no al PP, fueron tan trabajadores del Opaef como otros", sentencia.

Señala que, según los informes de Opaef, parece deducirse que "tras meses de investigación no se ha detectado nada desde el punto de vista penal tras la denuncia del presidente de la comisión de control del plan de pensiones, una situación de la que recuerda se dio cuenta en un consejo rector del organismo el día 26 de febrero, cuando se dio al PP "amplia información de todo".

A esto, suma que hay una auditoría anual que hace Deloitte del plan de pensiones, "con una opinión favorable en 2012 y sin de ningún tipo de objeciones", a lo que añade que la Dirección General de Seguros estatal procedió a abrir un expediente informativo ante el que se dio también toda la documentación y del que "nos e han tenido más noticias" y que existe además una investigación en un juzgado de instrucción por la denuncia presentada. Así, rechaza realizar una comisión de investigación, teniendo en cuenta que todo lo mencionado es la "mejor investigación que ya se está llevando a cabo, a pesar de que el PP pretende convertirse en juez y parte".

Sobre las denuncias en materia laboral, señala que el Opaef tiene "como cualquier administración pública". "Algunas demandas de los trabajadores se han perdido y otro número importante también se ha ganado, lo normal de estas cosas", añade.

En cuanto a la imputación de la directiva del Opaef sobre una presunta segunda acta sobre unos incentivos, explica que hay también diligencias abiertas en un juzgado de Sevilla, asuntos que "el juzgado ya ha archivado en dos ocasiones anteriores porque no ve indicios de delito". "No hay una segunda acta y precisamente la cúpula es la única que no percibe incentivos", sentencia, tras lamentar que el PP "sólo pretende ensuciar el nombre de la organización".