La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la imputación del ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla Antonio Rivas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por autorizar los ERE de Mercasevilla de los años 2003 y 2007 y permitir la inclusión de tres 'intrusos', entre ellos su cuñado.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima rechaza el recurso de Rivas contra el auto en el que la juez Mercedes Alaya le imputó haber autorizado el ERE de 2007 de Mercasevilla sin apreciar "dolo, fraude ni la menor irregularidad" a pesar de haberse autorizado otro ERE en el año 2003, así como haber autorizado la inclusión de tres 'intrusos' en el listado de trabajadores afectados por el ERE, como son su cuñado, José Antonio Márquez Sánchez, Antonio Garrido Santoyo —miembro de la ejecutiva local socialista de Baeza (Jaén)—, y Antonio Rivera Martín, que fue "contratado el mismo día de su inclusión" en el ERE.

La Sala rememora que en el ERE de 2003 de Mercasevilla, que fue autorizado "personalmente" por el imputado en su condición de delegado provincial de Empleo en Sevilla, se aprobó el despido de 74 trabajadores de los 184 fijos que componían la plantilla, "aduciendo que los gastos de personal representaban el 64 por ciento de la cuenta de explotación", mientras que en 2007 "de nuevo la plantilla estaba conformada por 176 trabajadores fijos, siendo uno de los motivos en los que Rivas apoya la autorización del ERE de 2007 el hecho de que los gastos de personal suponían el 71 por ciento de esa cuenta de explotación".

El imputado había solicitado el archivo de las actuaciones por entender que no concurren indicios suficientes para imputarle hecho delictivo alguno, pero el tribunal subraya que "la autorización de dos ERE para la misma empresa y las mismas causas prestada por el imputado en ese breve espacio de tiempo, por sí misma constituye un indicio más que suficiente para profundizar en la investigación de los hechos que se imputan, máxime si se tiene en cuenta que en el ERE de 2007 autorizó la inclusión" del mencionado Antonio Rivera Martín.

"no es de recibo"

La Audiencia considera que "no es de recibo" la alegación que hace Rivas en el recurso sobre el hecho de que la Inspección de Trabajo, a los efectos del artículo 51 del Estatuto de Trabajadores, no observó "dolo, fraude ni la menor irregularidad", ya que "precisamente ese artículo se refiere a la autoridad laboral, es decir, al delegado de Empleo, como la institución que ha de velar sobre la puridad del proceso que culmina con la autorización del ERE, que no a la Inspección de Trabajo".

La Sección Séptima confirma el auto de la juez Alaya al entender que, en este momento de la investigación, "la solidez de los indicios no tiene por qué ser tan severa como la exigible a la decisión de proseguir el procedimiento adelante contra quien resulte formalmente imputado hasta, en su caso, formularse acusación contra el mismo".

Hay que recordar que Rivas fue condenado al pago de una multa de 600.000 euros y 21 meses de inhabilitación por solicitar una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de Mercasevilla, en un fallo que fue confirmado posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).