UGT y CCOO protestan este viernes ante los ayuntamientos en contra de la reforma de la administración local del Gobierno

Las federaciones de servicios públicos de los sindicatos UGT-A y CCOO-A se concentrarán este viernes ante los ayuntamientos de las ocho capitales andaluzas en defensa de los servicios públicos municipales y del mantenimiento del empleo público en los mismos y para expresar su rechazo al anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local promovido por el Gobierno central.

Las federaciones de servicios públicos de los sindicatos UGT-A y CCOO-A se concentrarán este viernes ante los ayuntamientos de las ocho capitales andaluzas en defensa de los servicios públicos municipales y del mantenimiento del empleo público en los mismos y para expresar su rechazo al anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local promovido por el Gobierno central.

Para CCOO, dicha reforma de la administración local supone "la sentencia de muerte al municipalismo y al gobierno de proximidad".

Estas concentraciones del viernes coinciden con la posible aprobación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley que "mermará los servicios que los ayuntamientos prestan a la ciudadanía y destruirá miles de empleos públicos en el ámbito municipal".

De este modo, CCOO mostrará su rechazo frontal a una reforma que "supone el desmantelamiento de lo público y la privatización de los servicios públicos esenciales que los municipios prestan a los ciudadanos y ciudadanas".

Por su parte,

Fsp ugt-A considera que con esta ley, el Gobierno central "pretende desmantelar el bienestar de los ciudadanos, quitándoles derechos consolidados, cerrando y privatizando servicios públicos básicos (sanidad, dependencia, educación, servicios sociales, cultura, deporte o transporte) "y de camino echar a la calle a miles de trabajadoras".

Para UGT-A, "se trata de otra medida de drásticas consecuencias, llegando a haberse calculado que solo en Andalucía puede suponer la pérdida de 40.000 empleos públicos, llevando sin duda a consecuencias que afectan a todos, esto es, menos empleo público, es menos servicio público para los ciudadanos". Agrega que la eliminación de un servicio público "supone privatización o externalización, y por tanto, un coste para el usuario".

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