El Gobierno tiene previsto dar luz verde durante el Consejo de Ministros de este viernes al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy lleva trabajando más de un año y que ha suscitado el rechazo del PSOE y del resto de la oposición al considerar que supone un ataque al municipalismo y la privatización de los servicios públicos.

En el caso de Galicia, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) manifestó su oposición al proyecto planteado inicialmente por el Gobierno central, aunque ha instado esta semana a esperar a ver el texto que se aprueba en el Consejo de Ministros, puesto que interpreta que "parece que el dictamen" del Consejo de Estado "se está teniendo en cuenta" y el Ejecutivo "va a cambiar varios aspectos del anteproyecto". El principal punto de desacuerdo para el municipalismo gallego, que pedía una modificación profunda de la propuesta, es el concepto del coste estándar.

La conocida como reforma local, que persigue reordenar competencias para evitar duplicidades entre las administraciones autonómicas y locales y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios mediante la introducción del denominado coste estándar, al que deberán ajustarse los municipios, podría suponer un ahorro de más de 7.000 millones de euros, según los cálculos del Gobierno.

La aprobación del proyecto de ley por parte del Gobierno llega después de que el Consejo de Estado emitiera un informe que incluía advertencias sobre una posible inconstitucionalidad por el recorte de la autonomía local y criticaba la regulación del coste estándar, el coste al que deberán ajustarse los municipios para prestar servicios.

Según explicó el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dicho informe no era contrario a la reforma sino que reconocía la capacidad del Gobierno para regular la materia. No obstante, sí reconoció que incorporaba diversas recomendaciones que el Gobierno tenía intención de estudiar de cara a incluirlas en el texto definitivo.

También esta semana, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, trasladó al presidente de Castilla y León en una reunión su intención de "relativizar" y "suavizar" el papel de las diputaciones provinciales, así como de sustituir el concepto de coste estándar por el de coste efectivo de prestaciones, de modo que los municipios "no perderán sus competencias", según dijo después el Gobierno autonómico.

Redacción más exhaustiva del coste estándar

Beteta avanzó que, entre otros aspectos, se dará una redacción más exhaustiva al citado coste estándar. Estaba ya previsto detallar este mecanismo, pero a través de un decreto ley posterior, ha indicado, pero, al solicitarlo el Consejo de Estado, este desarrollo normativo se incluirá ahora en el proyecto.

"Se tendrá en cuenta al calcular el coste el número de habitantes, la dispersión, las características del municipio, la densidad; en definitiva, reconocer que en una España variada con 8.117 municipios, de los que solo 400 tienen más de 20.000 habitantes, los costes son necesariamente diferentes. Lo pensábamos regular en una norma de desarrollo, lo incluiremos en esta", afirmó, para añadir que todos estos aspectos con los que se definirá el coste estándar se han tratado ya con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Asimismo, defendió que el órgano consultivo avaló asuntos clave de la reforma, como la potestad del Estado para "definir" las competencias municipales, la supresión de las competencias impropias o la obligación de formalizar convenios y de pagarlos para el traspaso de competencias y servicios entre administraciones.

Pérdida de apoyos

Conforme han transcurrido los meses, el Ejecutivo ha ido perdiendo apoyos incluso en las propias filas 'populares', en las que alcaldes y concejales se han mostrado abiertamente en contra de algunos de los aspectos principales la reforma como por ejemplo, el modo en que se redistribuyen las competencias con las comunidades y las diputaciones, la posibilidad de que los municipios pequeños sean intervenidos y pierdan sus atribuciones y el coste estándar.

El Gobierno conoció un primer borrador en julio del año pasado y el segundo, el pasado 15 de febrero, en el que se habían rebajado ya algunas pretensiones iniciales como limitar el número de concejales y las retribuciones de forma considerable.

El Ejecutivo ha perdido por otro lado la posibilidad de acuerdo con el PSOE, que exige la retirada del borrador aprobado en febrero y comenzar de nuevo las negociaciones para lograr un texto consensuado, la misma postura que mantiene toda la oposición parlamentaria.

Según admitió la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo reconoce que le está costando esfuerzo sacar adelante una reforma de este calado, ya que atañe a un asunto que lleva pendiente 30 años y que no se puede resolver en unos días.