La Guardia Civil, en colaboración con la Policía belga y la Europol y coordinadas por Eurojust, ha desarticulado una red de narcotráfico que operaba en España y Bélgica. En la operación 'Túnido', como se ha denominado, han sido detenidas 46 personas e incautados más de 5.000 kilogramos de hachís.

En la operación, se han practicado ocho registros domiciliarios entre España y Bélgica y además de los 5.000 kilos de hachís, se han intervenido dos barcos de pesca, 14 vehículos y 225.230 euros en efectivo, también se han embargado 63 vehículos, 20 inmuebles y 5 sociedades. A todo esto habrá que sumar la cantidad de las cuantas bancarias de los detenidos, aún por conocer.

El presunto jefe de la organización ha sido detenido en Granada y la mayoría de las detenciones se han producido en la provincia de Málaga, en el marco de una red tenía una estructura empresarial cuyo blanqueo de dinero se hacía por compensación, es decir, sin traslado de dinero físico ni trasferencias bancarias.

La organización disponía de una red de personas en el norte de África encargadas del cultivo de cannabis y de la elaboración de los estupefacientes, después introducían la droga en España mediante embarcaciones neumáticas que partían desde Marruecos, una vez en nuestro país los fardos de droga eran trasladados a varios vehículos en escasos minutos, ayudados por la figura de la 'colla' —personas que se encargan de dar entrada a las embarcaciones a los puertos deportivos y que trasladas los alijos a los diferentes coches—.

El hachís se escondía en numerosas viviendas, que poseían garaje propio, individual y con acceso directo a los domicilios, uno de estos escondites era una guardería, también sótanos de casas, en uno de ellos se han encontrado 2.500 kilos de hachís.

Paquetes entre 100 Y 200 KILOS

Una vez en España, la droga era trasladada en paquetes de entre 100 y 200 kilos vehículos con doble fondo, siempre por carretera, llegaba a Madrid, procedente de Andalucía, y desde ahí se distribuía a diversos puntos. Uno de los focos donde se repartía era el Principado de Asturias, donde una red, que tenía fijada allí su residencia, adquiría los estupefacientes en Andalucía y los trasladaba a esa comunidad para venderlos.

En la red, operaba un único proveedor de nacionalidad marroquí, para el blanqueo de capitales contaban con una persona que ocultaba su actividad ilícita a través de un negocio de venta al por menor de marroquinería y de productos de cuero situado en un centro comercial de Torremolinos (Málaga), entre él y un socio se calcula que podrían haber podido colocar más de 13 millones de euros en el mercado legal.