El caso Bankia, que juzga en su pieza principal la salida a bolsa del banco ahora nacionalizado, ha ido desviando en los últimos meses sospechas y líneas de investigación hacia Deloitte, la firma encargada hasta este año de auditar las cuentas de la entidad, y anteriormente las principales cajas que lo formaron. La labor de estas firmas son especialmente relevantes en el sector financiero, ya que son las encargadas de validar, de forma independiente, que las cuentas presentadas por una entidad se ajustan a la realidad y reflejan "la imagen fiel" de la misma.

Deloitte, firma que audita a la gran mayoría de entidades del sistema financiero español, había dado su visto bueno a todas las cuentas presentadas sucesivamente tanto por BFA (matriz) como por Bankia. Fue precisamente su retraso en la presentación del informe de auditoría y su negativa a suscribir las cuentas anuales de 2011 lo que desató el desplome bursátil de Bankia y acabó con la toma de control por parte del FROB, organismo público que gestiona la reestructuración financiera. Después de presentar beneficios tanto en cuentas trimestrales, como semestrales, BFA-Bankia se presentaba, también con el aval del auditor, como una entidad con un déficit del capital de más de 19.000 millones.

El reciente expediente abierto por el Instituto de Contabilidad y Auditoría Contable (ICAC, dependiente del Ministerio de Economía) acusa a la auditora estadounidense de mantener un conflicto de intereses respecto a BFA-Bankia. Este documento refleja que la firma encargada de revisar las cuentas calificaba a BFA-Bankia como "una empresa con pérdidas o en punto muerto o con bajo nivel de rentabilidad", lo que ha provocado que el sindicato de empleados de cajas de ahorros CIC haya pedido al juez Fernando Andreu (que instruye el caso en la Audiencia Nacional) la imputación de Deloitte y su socio en el banco, Francisco Celma.

Celma ya había acudido ante el juez Andreu en calidad de testigo (lo que le obliga legalmente de decir la verdad). El pasado febrero declaró que no había avalado las cuentas de Bankia correspondientes a 2011 aprobadas por el equipo de Rodrigo Rato porque el consejo de administración no las había presentado firmadas. Además, aseguró que había advertido a la dirección y a los miembros de los comités de auditoría del grupo (BFA y Bankia) sobre los problemas de viabilidad futura de la entidad.

El testimonio de Celma y Deloitte fue contestado solo un día después, por el propio representante legal de Bankia (el abogado Antonio Zafra) quien aseguró y aportó pruebas de que el banco le había remitido toda la información y documentos puntualmente. "Las cuentas aprobadas en la reunión del consejo de administración del 28 de marzo de 2011 y que arrojaban unos beneficios de 309 millones de euros estuvieron a disposición del auditor, el cual no hizo ningún tipo de advertencia a esos números", explicó.

Es decir, que en opinión de Bankia (participada mayoritariamente por el FROB) tanto las cuentas presentadas por el equipo de Rato (con beneficios de más de 309 millones de euros) como las posteriormente aprobadas por el equipo de Goirigolzarri (con pérdidas de más de 2.979 millones) eran correctas. La diferencia se explica, según el banco, por los cambios regulatorios: los decretos conocidos como Guindos I y Guindos II, que obligaron a las entidades a aumentar sus provisiones relacionadas sobre todo con el ladrillo.

El discurso defendido tanto por BFA-Bankia como por las autoridades insiste en que la reformulación de las cuentas de Bankia se debió a "sucesivos cambios en la legislación bancaria". En síntesis, sostienen que las cuentas que presentaban beneficios fueron correctas, pero que cambios regulatorios "sobrevenidos" obligaron a la entidad presidida ya por José Ignacio Goirigolzarri a dotar miles de millones a nuevas provisiones, lo que provocó el pasar de benficios a pérdidas en un mismo ejercicio. De ser cierto, ¿por qué ninguna otra entidad financiera reformuló también sus cuentas?

Estas y otras preguntas han sido lanzadas por la exconsejera de Bankia Araceli Mora, exmiembro del comité de auditoría (CAC) del banco e imputada en por la salida a Bolsa de la entidad. En un escrito de alegaciones remitido a la Audiencia Nacional el 30 de mayo y al que ha tenido acceso este diario (ver documento adjunto), esta catedrática de Economía Financiera y Contabilidad rebate las declaraciones testificales dadas por el socio de Deloitte, Francisco Celma, y por el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y aporta algunos de los documentos de trabajo utilizados durante el comité de auditoría de Bankia del 27 de marzo (el día antes de que se presentaran las primeras cuentas, que posteriormente serían reformuladas el 25 de mayo).

La postura defendida por Mora, que dimitió el día 25 de mayo de 2012 por su negativa a reformular las cuentas, incide en que en ningún caso los dos reales decretos sobre el sector financiero aprobados por Luis de Guindos (utilizados como excusa por la dirección para dicha reformulación) pueden calificarse legalmente de "hechos posteriores" que deban tenerse en cuenta para reelaborar los números oficiales de 2011. La normativa internacional de contabilidad (NIC) "no presta cobertura a la reformulación de las cuentas de Bankia", explica. Cabe recordar que la reformulación de cuentas provocó un deterioro de la imagen de la entidad y su desplome bursátil, y desencadenó que las preferentes dejaran de dar rentabilidad.

Los decretos de De Guindos que exigían nuevas provisiones, según esta experta en auditoría, eran "prospectivos" y en ningún caso podían utilizarse para aplicar pérdidas a ejercicios anteriores. Juega a favor de esta afirmación el hecho de que ninguna otra entidad financiera reformuló sus cuentas anuales de 2011. Es decir, según su tesis, que se contabilizaron pérdidas en el ejercicio 2011 para aligerar las pérdidas de los ejercicios posteriores. Está previsto que Bankia ya presente beneficios en 2013.

Mora tilda en su escrito de "inadmisible" la declaración de Francisco Celma por la que justifica que no presentara su informe de auditoría en la fecha estipulada, y presenta un documento fechado el 27 de marzo de 2012 y elaborado por el propio auditor en el que no hace una mención especial a la única información de la que carecía entonces (una revisión del "Grupo Inmobiliario" de determinadas sociedades de BFA-Bankia). Esta misma exconsejera, en diciembre de 2012, ya acusó a la auditora estadounidense de retrasar el informe sobre las cuentas del banco.

La exconsejera, que desde un principio ha defendido su inocencia y ha apuntado al daño reputacional que le ha provocado la imputación en el caso Bankia, enmienda también en su escrito la afirmación del auditor de que "nadie" en Bankia le llamó para hablar sobre las posibles irregularidades en las cuentas del banco. "Con posterioridad al 18 de abril no volví a hablar de cuentas ni nadie me llamó para hablar de cuentas ni estados financieros", declaró Francisco Celma en sede judicial.

Ya en mayo, y tras la dimisión de Rodrigo Rato, la exconsejera trató de ponerse en contacto de nuevo con Deloitte por medio de SMS, que han sido añadidos a la causa judicial, y a los que ha tenido acceso este diario. "Soy Araceli y necesito hablar urgente contigo por algo que me acaba de decir Alberto [Ibáñez, presidente del CAC de Bankia]. Te agradecería que me llames cuando te sea posible", escribió la exconsejera, a lo que Francisco Celma respondió con otro SMS: "Hola Araceli. En cuanto pueda te llamo. Saludos. Paco". Dicha llamada "nunca se produjo", según la versión de Mora, pero si una serie de correos electrónicos.

Tal como refleja el escrito remitido por Mora al juez Fernando Andreu, entre el 27 de marzo (fecha de la última reunión entre Deloitte y el CAC de Bankia), Celma "ni manifestó que existiera dificultad alguna en el acceso a la información que debía recibir de Bankia (...) ni alertó al CAC sobre la inclusión de alguna eventual salvedad en su informe de auditoría, que con salvedades o sin ellas, debía entregar a finales del mes de abril". Y es que la normativa permite incluir en los informes tanto salvedades como los llamados "párrafos de énfasis" en el caso de que se detecten irregularidades, pero en ningún caso permite retrasar la presentación del informe.