La Rioja tiene saneadas sus cuentas con las universidades públicas en su ámbito competencial, según ha indicado el Ministerio de Educación tras convalidar el Congreso de los Diputados el decreto ley de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas.

Asimismo, este decreto recoge el apoyo a las entidades locales con problemas financieros, por la que se amplía a las facturas de proveedores de universidades, las transferencias a instituciones sin fines de lucro con fines sociales, así como determinadas sentencias judiciales firmes.

Este decreto ha salido adelante con el apoyo de PP y CiU; el voto en contra de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y ERC; así como con la abstención del PSOE, UPyD, PNV y Compromís. La oposición ha pedido su tramitación como proyecto de ley pero la mayoría del PP ha rechazado esta opción.

Como novedad, se añaden facturas pendientes de proveedores de universidades, parques tecnológicos, así como determinadas transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro que tengan fines sociales y determinadas sentencias judiciales firmes.

Para las universidades se aplican medidas específicas en los planes de ajuste de las comunidades autónomas: financiación de deudas de las universidades con sus proveedores a 31 de mayo de 2013 con el límite de la transferencia que a su favor tiene la comunidad autónoma pendiente de pago a 31 de diciembre de 2012.

En este caso, la universidad tiene el mismo tratamiento que el resto de entidades, de manera que sus datos se integran con el resto en el plan de ajuste presentado por la comunidad.

En caso de financiar deudas de las universidades con sus proveedores por importe superior al de la transferencia citada, se requiere acuerdo de la comunidad autónoma con la universidad y presentación de un plan de ajuste específico para la universidad.

El proceso se inició con el decreto de 2012

Según ha explicado el ministerio de Educación, el objetivo de esta propuesta es el saneamiento y dotación de estabilidad presupuestaria de las universidades.

Este proceso comenzó con la aprobación del decreto Ley de 2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, cuyas medidas se encaminan a dotar a las universidades de las herramientas legales necesarias para el cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera.

El Ministerio de Educación ha valorado la contribución que este acceso al plan de pago a proveedores de las distintas universidades tendrá en el tejido empresarial que se beneficiará de esta medida.

"El ministerio no tiene dudas de que las distintas universidades que se acojan al plan sabrán valorar el esfuerzo que supone para el erario público la puesta en marcha de estas medidas y aplicarán con rigor y exactitud el plan de viabilidad que deberán presentar a las comunidades autónomas de las que dependen para beneficiarse del mismo", ha señalado.

Mil millones de deuda a universidades

Este decreto pone de manifiesto que las comunidades autónomas deben a las universidades públicas españolas un total de 1.061.177,5 millones de euros, según se desprende de la memoria de impacto normativo que así lo acompaña.

Este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, fue aprobado a finales de junio en Consejo de Ministros y busca "poner el contador de la deuda comercial a cero con carácter previo a la implantación de la factura electrónica, el registro contable y el periodo medio de pagos".

Así, en materia de universidades, la comunidad autónoma que mayor deuda concentra es Andalucía, con 500 millones de euros, seguida de Cataluña, con 226,3 millones de euros, y la Comunidad Valenciana, con otros 208,69 millones.

Eso sí, Asturias, Cantabria, Galicia, Madrid, la Región de Murcia, Navarra y La Rioja tienen saneadas sus cuentas con las universidades públicas en su ámbito competencial.

Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, este decreto busca dar una "solución extraordinaria, temporal y urgente" al problema de la morosidad de las administraciones públicas, "erradicándolo" para poder "evitar los problemas de liquidez de las empresas.

En este sentido, el Ejecutivo confía en que el impacto económico general de la medida será "positivo" tanto para las empresas proveedoras, que gozarán de una mayor liquidez para poder mantener su actividad, como para los ciudadanos.

Mecanismo extraordinario de financiación

Así, el mecanismo extraordinario de financiación a los proveedores de las comunidades autónomas y entidades locales permitirá la cancelación de operaciones pendientes de pago que fueran liquidadas, vencidas y exigibles antes del 31 de mayo, incluyendo en este caso las indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por sentencia judicial firme y las transferencias a asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas a las familias, los discapacitados o la tercera edad, así como las universidades públicas.

En su conjunto, el Gobierno prevé una demanda "máxima" de 19.350 millones de euros, de los que 15.324 millones corresponderán a facturas de las comunidades autónomas —excluyendo la deuda que puedan mantener con ayuntamientos, que "quedará incluida en proveedores de entidades locales"— y los restantes 4.017 millones, a facturas de las administraciones municipales.

Estas necesidades de financiación del fondo de pago a proveedores serán "absorbidas mediante operaciones de deuda" del propio fondo, lo que podrá incluir operaciones de endeudamiento con el Tesoro.

Para las transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales del denominado tercer sector, entrarán en el plan las que se desarrollen en el ámbito de los colectivos a los que aluden los artículos 39, 49 y 50 de la Constitución (infancia, tercera edad y discapacitados), se incluirán las obligaciones de pago hasta el 31 de diciembre de 2012, dados los criterios de contabilización de las transferencias.