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El Congreso deroga el trasvase del Ebro y pone en peligro el del Tajo

El proyecto de modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional obtuvo 188 votos a favor y 135 en contra, los del PP
Carpetazo al trasvase del Ebro y reforma del Plan Hidrológico. Así lo decidió ayer el Congreso, que aprobó el proyecto de modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001, y la derogación del trasvase del Ebro. Los cambios tienen que pasar ahora por el Senado.

El texto contó con 188 votos a favor, 135 en contra (del PP) y tres abstenciones, después de que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)  diera libertad de votos.

Castilla-La Mancha

Uno de los puntos más polémicos del proyecto aprobado ayer es la enmienda del PSOE que permitirá que Castilla-La Mancha utilice el agua e infraestructuras del trasvase Tajo-Segura.

Además, el caudal se podrá negociar. Tanto los regantes murcianos como el PP de Murcia han criticado duramente, con movilizaciones incluidas, esta medida, por considerar que dejará a la Región con menos agua.

Sesión acalorada

El debate en el Congreso fue duro. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló que la modificación del PHN «elimina una obra conflictiva, e inviable económica, ambiental y técnicamente». La diputada del PP María Á. Ramón-Llín preguntó «cuál ha sido el precio» ante la «vergonzosa servidumbre del Gobierno hacia sus socios de ERC». La polémica arreció cuando la diputada de ERC Bonás Pahisa aseguró que su partido dio un ultimátum para apoyar la investidura de Zapatero si derogaba el trasvase.

Reacciones en murcia

Gobierno regional.- El presidente, Ramón Luis Valcárcel, dijo que la modificación del PHN es «la prueba del algodón del chantaje al que está sometido el Gobierno». Para el consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, «es una deuda política con otros, como el catalán y aragonés». «Ha tenido que doblar la rodilla», añadió.

PSRM-PSOE.- Exigió la dimisión de Valcárcel «por  mentir a los murcianos y actuar en contra de sus intereses en materia de agua».

Agricultores.- Para Asaja es «una irresponsabilidad, un daño irreparable».

Ecologistas.- Para Greenpeace, el proyecto encamina a España a un modelo «insostenible e injusto» al dar vía libre al trasvase del Júcar-Vinalopó.

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