El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno estatal que recurra ante el Tribunal de Estrasburgo la decisión de la Comisión Europea que obliga a España a devolver las ayudas del tax lease desde 2007 a 2011 y que solicite la "suspensión cautelar" de esta determinación, que ha tachado de "cuestionable jurídicamente, poco responsable desde el punto de vista económico e insensible desde el punto de vista social".

En una comparecencia ante los medios acompañado por el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, Feijóo ha considerado que esta decisión de la CE provoca "daños", aunque "controlados", al sector naval gallego y ha apostado por tratar de "revertirlos" con ese recurso ante Estrasburgo.

Así, ha explicado que, tras conocer la resolución, mantuvo una conversación con el ministro de Industria, José Manuel Soria, a quien ha pedido "formalmente" el recurso ante Estrasburgo y que se incluya en el texto la petición de que se suspenda cautelarmente la decisión de devolver las ayudas. "No vamos en ningún caso a darnos por vencidos y vamos a seguir trabajando para garantizar el futuro del sector naval", ha asegurado.

El presidente de la Xunta ha defendido que hay "argumentos jurídicos suficientes para ganar" el pleito y ha instado a trabajar en el nuevo escenario que se abre con el objetivo de que los astilleros sigan construyendo barcos.

El jefe del Ejecutivo gallego ha avanzado que el ministerio y las comunidades implicadas están "concretando una hoja de ruta" con los inversores y el sector naval, con el fin de presentar una propuesta conjunta ante el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria para buscar "una solución, la menos mala, para que el impacto sea el menor posible en el futuro del sector naval".

En próximos días, ha dicho, espera concretar algunas medidas y diseñar "un camino de actuaciones desde el punto de vista tributario, fiscal y jurídico para garantizar la posibilidad de seguir haciendo barcos".

Interpretar de forma correcta la resolución

Feijóo ha considerado que no es "prudente" concretar en este momento a cuánto asciende la cantidad que se tendrá que devolver por las ayudas recibidas entre 2007 y 2011. El objetivo, ha afirmado, es que "esa devolución sea la menor posible en el contexto de la resolución del colegio de comisarios".

"Hay mucho recorrido ahí y capacidad para interpretar de una forma correcta esa resolución y que la devolución sea mucho menor de la que inicialmente estaba prevista", ha apuntado y ha incidido en que la intención es que el reintegro de esas ayudas "sea compatible con la posibilidad de seguir haciendo barcos".

Así, ha indicado que trabajan en la concreción de las cantidades y los plazos en los que habría que hacer la devolución, aunque ha insistido en que "la primera propuesta" de la Xunta es recurrir la resolución porque, si Estrasburgo acepta la suspensión cautelar, quedaría "resuelto durante bastante tiempo el panorama desde el punto de vista de no tener que devolver cantidad alguna hasta que el Tribunal resuelva".

Los argumentos en los que se basa Feijóo para pedir este recurso son los principios de discriminación positiva, de proporcionalidad, seguridad jurídica e inacción. Respecto a este último aspecto ha recordado que la denuncia de Holanda se presentó en 2006 pero el expediente a España no se abrió hasta 2011. "No nos parece achacable ni al gobierno socialista de aquel momento, ni a los astilleros ni a las comunidades autónomas la inacción de la UE", ha manifestado.

"En Francia no se devolvió, ¿en España por qué se devuelve lo que en otros países de la UE no se devolvió?", ha protestado y ha vuelto a rechazar la decisión de la CE.

"desproporcionada y discriminatoria"

Así, el presidente gallego ha dicho que considera cuestionable jurídicamente la determinación adoptada este miércoles porque "la decisión se fue cambiando a medida que transcurrían los días y las semanas", por ser "desproporcionada y discriminatoria" y porque España es tratada "de forma distinta" a Francia.

"Esta resolución no era sólida en sus argumentos y prueba de ello es que los argumentos se fueron cambiando paulatinamente en función de la actuación conjunta de las comunidades autónomas, del Gobierno de España, de las organizaciones sindicales y de los astilleros", ha defendido.

En el plano económico, Feijóo ha insistido en que es "poco responsable" porque "no se facilita" la industrialización de España y de Europa en el naval y se ponen al Estado "más problemas de los que tuvieron otros países cuando fueron denunciados" por el mismo motivo.

Por último, ha argumentado que es "insensible" desde el punto de vista social porque "afecta a un país que tiene el 26% de paro" y a una industria naval, la española, que ya es "muy pequeña como consecuencia de las reindustrializaciones y quiebras". Son, ha recordado, 86.000 familias las que dependen del sector, de ellas 14.000 en Galicia.

Unidad en la defensa

El presidente gallego ha admitido, sin embargo, su satisfacción por "la unidad en defensa del sector naval" y por el trabajo realizado. "Desde que empezamos esta discrepancia profunda con el comisario Almunia hasta la resolución hay un camino andado de una enorme trascendencia", ha reivindicado y ha señalado que "hace tan solo 15 días" se planteaba "el cierre seguro de todos los astilleros de España". "Hoy podemos decir que tenemos daños, pero los tenemos que controlar", ha afirmado.

Además, ha indicado que espera que, con las "incógnitas despejadas" acerca del nuevo marco normativo y de la decisión sobre la devolución de las ayudas, el nuevo tax lease diseñado por España "empiece a producir efectos reales" porque "se abre un horizonte de certeza".