El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha mostrado seguro de que se podrá acordar con la Consejería de Fomento y Vivienda un nuevo convenio en relación con el área de rehabilitación concertada del centro histórico, que incluía el proyecto de las tecnocasas, después de que la Administración autonómica anulara el suscrito entre ambas administraciones en 2005. De hecho, antes de recurrir a los tribunales como anunció la Junta, ha abogado por "el diálogo y el entendimiento" y por "dilatar este plan en el tiempo para que el esfuerzo sea menor".

"Tenemos que hablar de estos temas y no enterarnos por la prensa de que se ha roto un convenio de 2005; eso no es serio en una sociedad del siglo XXI en la que las administraciones tienen que dialogar civilizadamente, con lealtad", ha señalado este miércoles a los periodistas el regidor malagueño.

De la Torre se pronunciaba así después de que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) haya aprobado desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) contra el acuerdo en el que el Ayuntamiento rechazaba la petición de la Junta de anular el desarrollo del convenio para la construcción de viviendas sociales destinadas a jóvenes profesionales.

La Junta, que reclama negociar los valores de algunas expropiaciones y la modificación de ciertos solares expropiados, "no puede romper ese acuerdo de 2005; podemos dilatarlo en el tiempo —ha insistido, atendiendo a la actual situación económica—, de modo que el esfuerzo sea menor, pero no olvidarlo", ya que, según ha advertido, "deja abandonadas 40 hectáreas de un espacio estratégico de la ciudad".

Según De la Torre, "el Ayuntamiento puede complementar, pero no sustituir, la acción rehabilitadora de la Junta". Y es que, a su juicio, que la Administración andaluza "se vaya de ese compromiso no es serio y si hay que firmar un nuevo convenio para hacer menos esfuerzo, se firma, pero no irse, porque asumió ese compromiso y es su obligación legal y su competencia".

METRO

De la Torre ha hecho referencia también a otra polémica que mantiene con el departamento de Elena Cortés: la factura de 32,31 millones de euros que ésta exige al Consistorio por la construcción del metro hasta 2012, y ha asegurado que su intención es "apurar al máximo" los plazos para llegar a un acuerdo antes de recurrir a la vía judicial.

La Consejería de Fomento y Vivienda respondió de forma negativa a la reclamación municipal para suspender el proceso de cobro de las tres liquidaciones por valor de 32,31 millones de euros. Ante esto, el Consistorio dispone de dos meses para decidir si recurre a la vía judicial, lo que, teniendo en cuenta que agosto es inhábil, fija el límite para ello a finales de septiembre.