PSE urge a Gobiernos central y vasco a tomar medidas dentro de la legalidad para hacer viables los astilleros

El PSE-EE no comparte y "deplora" la decisión adoptada este miércoles por la Comisión Europea de exigir la devolución de las ayudas concedidas entre 2007 y 2011 a los astilleros, por considerarlas contrarias a la normativa comunitaria, y urge a los Gobiernos central y vasco a "adoptar medidas dentro de la legalidad para hacer viables los astilleros y mantener el empleo".

El PSE-EE no comparte y "deplora" la decisión adoptada este miércoles por la Comisión Europea de exigir la devolución de las ayudas concedidas entre 2007 y 2011 a los astilleros, por considerarlas contrarias a la normativa comunitaria, y urge a los Gobiernos central y vasco a "adoptar medidas dentro de la legalidad para hacer viables los astilleros y mantener el empleo".

En un comunicado, la secretaria de Empleo e Industria de la Ejecutiva socialista, Alexia Castelo, ha reconocido que ésta no es la resolución que el PSE-EE esperaba "ni tampoco es la que correspondía a los argumentos jurídicos e industriales aportados en el proceso por el sector de la construcción naval".

Según ha indicado, "al margen de los desajustes con la legislación de la UE sobre competencia que planteaba el anterior sistema de 'tax lease'", la Comisión Europea "debería haber tenido en cuenta, a la hora de resolver la cuestión, el problema general de los astilleros en Europa y las consecuencias concretas que su decisión puede tener para el futuro de un sector del que dependen 87.000 familias en nuestro país, máxime en un gravísimo momento de recesión y paro".

A entender de los socialistas, "es el momento de abordar desde la Unión Europea una política clara de respaldo a un sector viable, frente a las prácticas de competencia desleal de los países del Extremo oriente, y de acabar con la incertidumbre de los regímenes de ayuda a los astilleros y con la guerra entre estados miembros".

En este sentido, el PSE-EE ha exigido a los Gobiernos central y vasco que adopten "las medidas necesarias para asegurar, dentro de la legalidad, la pervivencia de la construcción naval y del empleo y la actividad que dependen de él".

"La unidad que han mostrado en esta ocasión los gobiernos de Madrid y Vitoria a la hora de defender los intereses de los astilleros y sus trabajadores debe mantenerse ahora para apuntalar el futuro del sector naval", ha concluido Castelo.

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