Un Consejo de Economía Social se ocupará de la conciliación y arbitrajes en los litigios de la cooperativas cántabras

Cantabria contará con un Consejo de Economía Social que se encargará de la conciliación y arbitraje en las cuestiones litigiosas que se planteen entre cooperativas o entre éstas y sus socios cuando ambas parte lo soliciten o bien estén obligadas a tenor de lo establecido en sus estatutos sociales.
Cristina Mazas
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Cristina Mazas

Cantabria contará con un Consejo de Economía Social que se encargará de la conciliación y arbitraje en las cuestiones litigiosas que se planteen entre cooperativas o entre éstas y sus socios cuando ambas parte lo soliciten o bien estén obligadas a tenor de lo establecido en sus estatutos sociales.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, en una reunión con los presidentes de las asociaciones de cooperativas para trasladarles los detalles del proyecto de Ley de Cooperativas que ha aprobado el Gobierno regional y que iniciará en el próximo periodo de sesiones su tramitación parlamentaria.

Según Mazas, el Consejo Cántabro de Economía Social tendrá también funciones de carácter consultivo y asesor para las cooperativas, según ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

Este es uno de los aspectos que la consejera ha destacado del contenido del proyecto de Ley de Cooperativas aprobado que, a su juicio, "atiende las demandas del sector cooperativo regional", que, en su opinión, necesita "un texto moderno" frente a la regulación actual que data de 1999.

La consejera ha señalado que el Gobierno regional trata de ofrecer "una regulación respetuosa con el tipo o modelo de verdadera sociedad cooperativa", así como los instrumentos necesarios para que las cooperativas puedan superar una etapa de crisis y para que la organización cooperativista "pueda ocupar un papel relevante dentro de la actividad económica cántabra".

Mazas ha calificado de "adecuada" la norma que pretende aprobar el Gobierno, algo que ha calificado como un "primer paso", y ha explicado que "simultáneamente" se llevará a cabo una "apuesta de forma decidida" por divulgar el ideario cooperativo y por la promoción de las sociedades cooperativas como "fórmula ventajosa respecto a otras formas jurídica, favorecedora del autoempleo".

Posible línea de ayudas para financiar los aranceles notariales

Entre otras "necesidades" que planteaba el sector, Mazas se ha referido a la exigencia de que el negocio constitutivo se formalice en escritura pública y a la bonificación del 50 por ciento en los aranceles notariales para paliar el inconveniente que supone su coste económico.

Además, Mazas ha adelantado que su departamento trabaja en una "posible" línea de ayudas para financiar el coste restante.

Asimismo, la consejera ha explicado que, dada la coyuntura actual, se ha considerado conveniente incluir en el proyecto de Ley la previsión de que se puedan constituir cooperativas de trabajo de dos socios, si bien, en general, serán necesarios un mínimo de tres para constituir una cooperativa de primer grado.

Igualmente, Mazas ha citado la propuesta que se prevé en el proyecto de ley de fijar un capital mínimo de 3.000 euros, que podrá desembolsarse en cuatro años, pagando el 25 por ciento el primero, así como la posibilidad de reducir sus dotaciones a la mitad cuando el Fondo de Reserva Obligatorio supere el 100% del capital social si lo prevén los estatutos.

Además, ha señalado que se ha incluido en el proyecto la previsión de que se puedan constituir con dos socios trabajadores, y flexibiliza el porcentaje de contratación de trabajadores por cuenta ajena, tanto con carácter indefinido como temporal.

Así, el número de horas al año de los trabajadores por cuenta ajena no podrá ser superior al 60 por ciento del total de las realizadas por los socios y de los indifenidos será, como máximo, del 30%.

Además, el proyecto de Ley de Cooperativas permite superar el número de horas por año realizadas por trabajadores por cuenta ajena "por necesidades objetivas" de la empresa y por un periodo máximo de tres meses, siempre que se obtenga la autorización de la autoridad autonómica competente.

Por otro lado, en la nueva norma se ofrece la posibilidad de que todos los actos inscribibles en el Registro puedan ser objeto de calificación previa y no sólo la constitución de la cooperativa.

De esta forma, según explica la consejera, se evitan "innecesarias segundas escrituras para los supuestos en los que el acto a inscribir adoleciera de defectos legales".

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