Carmen Samper, madre del empresario fugado en Emarsa, el jubilado de Aldaia, Vicente Gil, y sus dos hijos, Vicente José y María Yolanda Gil Blay, se oponen a que el juez instructor del 'caso Emarsa' remita a la Audiencia Nacional las piezas en las que están siendo investigados como imputados.

Así consta en un par de providencias, con fecha de 11 y 12 de julio, dictadas por el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo.

El magistrado acordó los pasados 5 y 8 de julio remitir a la Audiencia Nacional las piezas 7 y 9 del procedimiento, al considerar que el lugar de la comisión de los hechos era el Principado de Andorra. En concreto, en la pieza 7 se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por Vicente Gil y sus dos hijos; y en la pieza 9 se investiga al empresario fugado, Jorge Roca, y a su madre, Carmen Samper, por presunto blanqueo de capitales.

Ahora, los afectados, es decir, tanto Samper como Vicente Gil y sus hijos han presentado en tiempo y forma un recurso de reforma contra esta decisión. El juez acuerda trasladar el mismo tanto a la fiscal como al resto de partes personadas para que aleguen lo que estimen conveniente en el plazo de dos días.

Por otro lado, en un auto, el magistrado desestima sobreseer la causa contra el imputado Juan Manuel García García, administrador único desde 2005 de la mercantil Técnicas de Gestión y Comunicación S.L. Según la fiscal, existen indicios suficientes para considerar que los servicios prestados a Emarsa por esta entidad fueron "simulados" con la intención de colaborar con el ex director financiero, Enrique Arnal, en la apropiación ilícita de fondos públicos.

Recurso de morenilla

Por último, en otra resolución judicial, se desestima el recurso interpuesto por el exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, contra el auto en el que se denegaba la práctica de las diligencias de declaración testifical de todos los miembros de los Consejos de Administración de Emarsa.

Al respecto, el juez indica que en el recurso no se mencionaba o apuntaba un solo hecho o dato concreto del que tuvieran conocimiento los miembros de los Consejos de Administración de Emarsa durante el periodo objeto de investigación y que sea, o pueda ser, de interés para la instrucción de la causa.

Así, el recurso —agrega— fundamentaba la "necesidad" de conocer la actividad empresarial de los consejeros en una obligación de carácter legal y en suposiciones, "sin que se exponga o describa algún hecho o dato concreto y determinado que haga necesaria, imprescindible o, cuanto menos conveniente, la práctica de las diligencias interesadas".