El ocupa del Centro Social Ocupado y Autogestionado (CSOA) 'Casas Viejas' que se encadenó en un zulo para evitar el desalojo de este espacio en noviembre de 2007, y que acusó a dos agentes de la Policía Nacional de torturas físicas y psicológicas, recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia que lo condena por estos hechos al pago de 3.600 euros.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en un plazo máximo de 20 días, el abogado del condenado, Luis de los Santos, presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que considera que se han vulnerado dos derechos fundamentales recogidos por la Constitución española, como son el derecho a la libertad de expresión, en el artículo 20, y el derecho a la tutela judicial efectiva, en el artículo 24.

En la sentencia condenatoria, la Sección Tercera de la Audiencia ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el acusado contra el fallo dictado por el Juzgado de lo Penal número 13, reduciendo de 6.000 a 3.600 euros la multa a pagar por el imputado, que además deberá indemnizar a los dos agentes con 1.000 y 200 euros, respectivamente.

El acusado pidió su absolución porque entendía que no había delito, pues el Juzgado de lo Penal "reconoce que todos los hechos que relató" el acusado en la rueda de prensa "son ciertos" y, además, sus declaraciones estarían amparadas por el derecho a la libertad de expresión, mientras que también alegó error en la valoración de la prueba e impugnó la validez de la prueba documental viodeográfica, porque "fue un montaje".

Quieren anular la prueba del vídeo

El abogado ha señalado que quiere anular la prueba del vídeo porque no se ha declarado que esté editado o se haya presentado en bruto. "El vídeo en el que sale mi defendido fue en una rueda de prensa que duró una hora y el que se ha presentado en el juicio solo contiene diez minutos", manifiesta el letrado.

Tras el desalojo de la casa donde se encadenó el acusado, este denunció en una rueda de prensa que "los malos tratos psicológicos y físicos sufridos no se han podido parar", así como "ahora voy a hablar de las torturas que nos han hecho para que nos soltáramos de los tubos ...las torturas físicas han sido realizadas exclusivamente por dos policías nacionales", por lo que la Audiencia asevera que "no existe duda" de que estas expresiones "atentan a la dignidad de la persona y función contra los que son dirigidas".

"No se trata de meras expresiones inadecuadas por la terminología empleada, esporádicas o circunstanciales, sino que son manifestaciones desaforadas y carentes de fundamento racional, efectuadas sin duda como medio deliberado de descrédito personal y profesional de los policías contra los que van dirigidas", asevera el tribunal.

El letrado de la defensa ha manifestado a Europa Press que, si en el Constitucional no tienen éxito, "el próximo paso será acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde defenderemos el derecho a la libertad de expresión que proclama el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".