El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha aplazado al 10 de septiembre la declaración del alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP), en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación en una operación urbanística en la que el Ayuntamiento aceptó supuestamente cobrar una deuda de ocho millones de euros contraída por unos promotores con una parcela valorada a un precio inferior.

Por su parte, el Ayuntamiento de Granada ha informado este viernes en rueda de prensa de que la defensa del regidor será asumida por el PP de Granada y "no saldrá de las arcas municipales", después de que la sección sindical de CGT afirmara que se habían contratado servicios externos desde el consistorio para este fin.

La citación judicial se produce después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada haya admitido a trámite la denuncia presentada por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, a raíz de la cual también han sido citados a declarar como imputados, por presunta prevaricación, dos promotores y tres representantes de una entidad bancaria que intervinieron en el procedimiento.

El Juzgado también ha aplazado al 10 de septiembre la declaración de dos de estos imputados y traslada al 4 de octubre la de los dos restantes, ya que para el sexto el juez envió un exhorto a Madrid, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El grupo municipal socialista afirma que este asunto está vinculado con unos terrenos del plan parcial donde iba a construirse el Palacio de Hielo, a raíz de cuyo desarrollo se generó una deuda de unos ocho millones de euros —intereses incluidos— de los promotores hacia al Consistorio.

Aunque inicialmente el Ayuntamiento de Granada inició un expediente de embargo para reclamar el dinero, y pese a tener asegurado el cobro mediante este procedimiento —según mantienen los socialistas— finalmente no lo ejecutó y llegó a un acuerdo con los promotores para que el dinero se pagara en suelo.

Para ello, se "firmó un contrato privado" por el que el Ayuntamiento de Granada se convirtió en el propietario del 14,5 por ciento del total de una parcela de uso comercial o terciario que, según indican los socialistas en su denuncia, estaba valorada en siete millones de euros frente a los ocho millones en que se cuantificó la deuda con los promotores.

Los socialistas mantienen que con esta operación se ha podido "menoscabar el patrimonio de todos los granadinos".

La denuncia de los socialistas va inicialmente dirigida no sólo contra el alcalde de Granada sino también contra la Junta de Gobierno Local que aprobó el desarrollo del plan parcial en cuestión.