El exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, se ha acogido a su derecho a no prestar declaración ante el juez del caso Nóos, José Castro, que le había citado en relación con un nuevo delito fiscal por un presunto fraude en el IRPF en 2007.

Torres ha llegado a los juzgados de Via Alemania del Palma de Mallorca en torno a las diez de la mañana, la hora a la que estaba citado, acompañado de su abogado Manuel González Peeters, y ha permanecido ante el juez durante unos quince minutos, pero no ha declarado ni ha entregado ningún documento a Castro.

El exsocio de Urdangarin ha sido citado por Castro después de que la Agencia Tributaria le remitiera un informe que señala que Torres pagó a Hacienda 49.832 euros de IRPF en 2007, cuando deberían haber sido 772.005, porque no declaró todos sus ingresos. El informe añade que abonó otros 279.205 euros en impuestos satisfechos mediante otras sociedades, por lo que debería ingresar 442.968 euros.

En este caso se investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), así como varios delitos fiscales: uno del Instituto Nóos por fraude en el impuesto de sociedades en 2007 por unos 230.000 euros; dos de Urdangarin por sus declaraciones del IRPF en 2007 y 2008, por más de 240.000, y ahora este último de Torres.

Durante la instrucción de esta causa, ya le fueron localizados a Torres unos 900.000 euros depositados en el Credit Suisse de Luxemburgo. Sin embargo, el exsocio de Urdangarin, al ser preguntado sobre este dinero, defendió que se trataba de ahorros "de toda la vida", justificando que los trasladó allí desde una cuenta de Andorra puesto que "dudaba de la fiabilidad" del sistema bancario andorrano.

Se trata de unos depósitos cuya titularidad está en manos de Torres y que presuntamente salieron de la trama Nóos. Finalmente fueron bloqueados por el juez durante el curso de la instrucción del caso.

El pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 ya interrogó tanto a Torres como al Duque de Palma en torno a un supuesto fraude fiscal de unos 470.000 euros, de acuerdo a los datos suministrados a principios de año por la Agencia Tributaria y en base a los cuales la Fiscalía imputa a ambos un delito contra la Hacienda Pública por el impago del Impuesto de Sociedades y dos por el IRPF en el caso del marido de la Infanta Cristina.

Y es que, Hacienda les atribuye haber defraudado un total de 230.979 euros del impuesto de sociedades a través de Nóos durante el año 2007, mientras que eleva a más de 120.000 euros cada una de las cuotas del IRPF que habría defraudado el yerno del Rey Don Juan Carlos en 2007 y 2008.

En concreto, la Agencia Tributaria eleva a al menos 230.979 euros  la cantidad que en 2007 la entidad aparentemente sin ánimo de lucro habría eludido abonar a Hacienda por el Impuesto de Sociedades, presentando para ello gastos ficticios. Unos gastos que según Hacienda y el Ministerio Público eran "irreales", por lo que "no  podían deducirse válidamente".

En concreto, entre los gastos analizados por Hacienda se  encontraban los procedentes de supuestos servicios prestados por  sociedades relacionadas con ambos encausados, como De Goes Center for  Stakeholders Management, Lobby de Comunicación, Nóos Consultoría  Estratégica y Torres-Tejeiro Consultoría Estratégica, cuyas facturas  "no responden a servicio real alguno".

Mientras tanto, entre los últimos informes presentados por la AEAT ante el juez, La Agencia Tributaria (AEAT), uno de ellos calcula en ocho millones de euros el importe total de las facturas que se cruzaron entre las empresas de la trama Nóos.

Más en concreto, Hacienda precisa que en 2004 la facturación que se efectuó entre las propias empresas de la trama por trabajos supuestamente fictios ascendió a 1,4 millones, mientras que en 2005 fue de 2,1 millones, en 2006 de 2,2, en 2007 de 1,7 y en 2008 de 412.225 euros.

El dictamen destaca cómo "con mucha frecuencia" las facturas se emitían bajo conceptos "extremadamente genéricos o imprecisos", la mayoría de ellas tenían importes "redondos" al tiempo que se han verificado, además, duplicidades respecto a proveedores externos del conglomerado empresarial, "incongruencias" así como "casos notorios de inexistencia del servicio pretendidamente prestado y, en el extremo, de falsificación material de la propia factura".

Tal y como pone de manifiesto el fisco, las entidades que integraban el grupo devienen "meros instrumentos para drenar y distribuir los recursos obtenidos por medio de la marca Nóos entre sus dos propietarios y dirigentes, los imputados señores Torres y Urdangarin". De hecho, la AEAT llega a aludir a la trama como un "puro andamiaje jurídico formal".